KAKO2006

PALABRAS PRELIMINARES
Llevaba varios días tratando de hallar el punto de partida
de estas líneas explicativas, cuando recibí una llamada
telefónica desde Santiago. Rodolfo Arenas, periodista
de La Tercera, se comunicaba conmigo: habiéndose enterado
de la existencia de este libro quería la primicia de un
anticipo para su diario o, al menos, la información necesaria
para preparar una crónica. Me vi forzada a recurrir a
todo tipo de evasivas. No quería revelar detalles de su
contenido, que, hechos públicos antes de la aparición de la
obra, podían ponerla legalmente en peligro.
Recordé algunos hechos ocurridos durante mis últimos
meses en Chile. Los periodistas Rafael Gumucio y
Paula Coddou fueron a parar a la cárcel sólo porque en
un artículo ella reprodujo las opiniones expresadas por
él en una entrevista. Gumucio dijo simplemente que el
ministro Servando Jordán de la Corte Suprema era «feo
y de pasado turbio». Por menos fueron más tarde encausados
y también encarcelados —por un breve período,
lo que no le quita gravedad al hecho— el ex director de
La Tercera, Fernando Paulsen, y el periodista José Ale.
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La llamada de Arenas sirvió para revivir en mi ánimo
las aprensiones por los riesgos que corremos (la
casa editorial y la autora) por el sólo acto de difundir
hechos que, aunque fundamentados y comprobados,
van a resultar ciertamente incómodos para sus protagonistas.
Y qué contrastante me resulta esta realidad
cuando la comparo con la de otros países democráticos,
en donde no hay cortapisas para criticar a sus autoridades
a través de los medios de comunicación,
reírse de ellos incluso, sin que el periodista o escritor
corra el peligro de tener que ir a parar a la cárcel. No
necesitamos ir muy lejos, basta cruzar la frontera y
asomarse a la Argentina. Otro ejemplo —muy reciente
y de resonancia planetaria— es el que hemos visto desarrollarse
en el país más poderoso del mundo, cuya
seguridad no pareció sufrir ningún riesgo con las escabrosas
historias de la vida íntima del Presidente que
se hicieron públicas.
Recordé las dificultades que tuve muchas veces que
enfrentar, ideando todo tipo de eufemismos y rodeos lingüísticos
para esquivar los rigores de la Ley de Seguridad
del Estado. Ella protege, como se sabe, a nuestras
autoridades políticas y administrativas, a los generales,
a los ministros de la Corte Suprema y hasta a los obispos.
¡Cuántas veces fui censurada porque el artículo se
ocupaba de alguno de estos intocables!
La llamada revivió en mí un cierto miedo. El mismo
que tuvieron que superar las casi ochenta personas que
entrevisté a lo largo de varios años para poder penetrar
en las intimidades de nuestro Poder Judicial. Similar
también al que, sacando fuerzas de flaquezas, alimentó
mis energías en la tediosa tarea de investigación, de
verificación de antecedentes, de cotejo de fuentes. Artículos
de diarios y revistas, expedientes legales, oficios
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judiciales, monografías, los pocos libros que se han escrito
sobre el tema.
Es absurdo y quizás si hasta ridículo, tener que admitir
que sentí esos temores, y que en alguna medida
todavía los vivo, cuando en Chile ha transcurrido ya
casi una década de haberse recuperado la democracia.
Sin real libertad de expresión el periodismo se pervierte,
pierde su altura ética y puede transformarse en
un engendro monstruoso: inquisitivo, osado, mordaz,
descalificador y hasta cruel contra quienes no tienen
leyes que los protejan; tolerante, obsecuente y servil con
los poderosos, sin excluir, por supuesto, a la autoridad,
a la que sin embargo está llamado a fiscalizar.
Creemos en la libertad de expresión y creemos en la
necesidad del periodismo fiscalizador, que investiga e
informa, que no persigue denigrar a personas o instituciones,
pero que tampoco vacila en acometer sin vacilaciones
la verdad, aunque ésta, como es a veces inevitable,
moleste a algunos de los protagonistas de la sociedad
en que vivimos.
Esto último puede ser un obstáculo, porque un libro
como este, escrito pensando en los principios enunciados,
aunque sea social y culturalmente necesario, es
evidente que corre el riesgo de concitar la ira de quienes
se han predefinido como encarnaciones de la Virtud
Pública, la Seguridad y la Patria.
Las cosas han cambiado desde que en 1992 comencé
mis investigaciones con miras a la preparación de este
libro. Iniciado el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle,
la vieja Corte y ciertas prácticas se quedaron sin su paraguas
protector. La posibilidad cierta, por ejemplo, de
una acusación constitucional contra algún magistrado y,
tal vez principalmente, los recientes cambios en la cú-
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pula del más alto tribunal, han debilitado algunos de los
viejos vicios. La aprobación, además, de leyes tan radicales
como la modificación del proceso penal, son signos
de la recuperación que se avizora, que viene lenta pero
que ya está en marcha.
Es evidente que todavía queda bastante bajo la alfombra.
Hay que recapitular muchos actos de la Magistratura
que entrañan traiciones a la confianza pública, y que
continúan siendo convenientemente ignorados por la
mayoría de la población. También hay otros aspectos importantes
que merecen conocerse: los actos de grandeza,
valentía y hasta heroísmo de muchos de sus hombres.
No he pretendido escribir «todo» acerca de la Justicia
chilena, sino narrar sólo lo necesario para explicar y
entender lo que ha sido su itinerario, el ejercicio de sus
funciones en tanto «Poder» del Estado. El lector, especialmente
el más informado, encontrará ciertamente
que hay en este trabajo omisiones y hasta simplificaciones.
Son propios de las dificultades de un lego, cuya cercanía
al tema se ha dado, no desde el ángulo del profesional
de la jurisprudencia, sino del periodista preocupado
del «área judicial» durante largos años en diversos
medios de comunicación. No tengo ninguna duda de que
hay jueces y abogados que disponen de información
mucho más amplia que la mía, o que habrían privilegiado
la evocación de antecedentes que, aun yo conociéndolos,
no consideré pertinente evocar.
No están en estas páginas las historias de algunos
grandes casos judiciales —cada uno de los cuales da
probablemente para un libro aparte—, y aquellos que se
mencionan son, por lo general, únicamente aludidos
para dar luces sobre el comportamiento de la Corte Suprema,
hilo conductor y tema central de este libro. Otro
tanto ocurre con aquello que podría relatarse a propósi-
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to de los abogados, la policía, la gendarmería, el Servicio
Médico Legal.
Muy lejos de mí la idea de querer emparentar la estructura
de este volumen con modelos literarios ilustres.
Puede, sin embargo, leerse conforme al consejo
cortazariano: en cualquier orden. El producto será siempre
el mismo. En todos los capítulos el lector encontrará
componentes de la viga maestra sobre la que descansan
las afirmaciones de mi libro: no ha existido en la Historia
de Chile un Poder Judicial que se entienda y conduzca
como tal; lo que hemos tenido —salvo, reitero, las
actuaciones aisladas de jueces tan brillantes y valientes
como escasos— ha sido un «servicio» judicial, no más
moderno, ético ni independiente que cualquier otro de
la administración pública.
LA AUTORA
Capítulo I. El poder degradado
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SECRETOS DE PALACIO
El frío marmóreo del Palacio de los Tribunales se
pega a la piel como el vaho de un frigorífico. La sensación
de estarme congelando en eternas esperas es lo
primero que recuerdo al repasar esos cinco años que
estuve cubriendo el sector.
El invierno parece más crudo y más largo en medio
de esos pasillos.
Cuando comencé —en 1990, para el diario La Epoca
— no había sala de periodistas en el edificio que alberga
a la Corte de Apelaciones de Santiago y a la Corte
Suprema. Tampoco baño para mujeres. El café de la
Estelita —que todavía pasa una vez al día con sandwiches,
queques y café con leche— era lo único cálido en
esos tediosos plantones que podían durar hasta doce horas.
O dieciséis o dieciocho, si había algún caso especial.
Y, por esos años, los había a montones.
Recién llegada, un día vi al ministro Jordán, trastabillando
y apoyado en los hombros de un empleado que
lo llevaba hasta su vehículo.
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En otra ocasión, presencié como este ministro se
retiraba temprano sin cumplir con su obligación de firmar
las resoluciones del día, cuando presidía la Cuarta
Sala.
Yo me había quedado esperando el «listado» de fallos
(es el nombre que dábamos a una página que preparaban
los funcionarios de secretaría, con el resumen
del trabajo de todas las salas, al finalizar el día). Excepcionalmente,
el listado no salía. Los funcionarios
me dijeron que estaban esperando las resoluciones de
la Cuarta Sala. Jordán, se había ido poco antes de las
cinco de la tarde diciendo: «Voy y vuelvo», pero no regresaba.
Cerca de las ocho de la noche, los funcionarios
se dieron por vencidos. El listado quedó pendiente
para el día siguiente, cuando Jordán reasumiera sus
labores.
Era usual entonces que este magistrado llegara atrasado
y se fuera temprano, aunque su obligación, como la
de todo juez, era la de permanecer en su despacho por
lo menos cuatro horas al día (o cinco, si la sala tenía
atraso). Es decir, por lo menos de dos a seis de la tarde.
Las continuas faltas a este compromiso le granjearon
reprimendas de algunos de sus propios colegas, quienes
se irritaban por su feble disciplina y el retraso que provocaba
en el trabajo de los demás.
Tengo viva la imagen del mismo juez paseándose un
día, lentamente, con los pantalones mojados, de ida y
vuelta por el pasillo del segundo piso (donde funciona la
Corte Suprema), mientras conversaba con uno de mis
colegas. Ambos pasaron junto a mí dos veces. La amplia
mancha de líquido en los pantalones grises del ministro
era fácilmente distinguible de frente y de espaldas.
—El dice que se le dio vuelta un jarro con agua —
me explicó suspicaz mi colega, más tarde.
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Un misterio para mí era la tolerancia colectiva de la
magistratura a la figura del fiscal de la Corte de Apelaciones
de Santiago, Marcial García Pica.
Una vez tuve que visitarlo, pues había emitido un
informe favorable a una resolución del ministro Juica,
en el caso degollados y me interesaba escribir un artículo
al respecto.
Fui a sus oficinas, ubicadas en el delgado tercer piso
que emerge justo sobre la Corte Suprema. Hice antesala
con una menor en uniforme escolar. Era una de las «sobrinas
» del fiscal. Yo entré primero. García Pica, un
hombre viejo y macizo, vestía unos suspensores burdeos
sobre su camisa blanca. Sentado detrás de un escritorio
de carpeta verde —me recordó al Servicio de Impuestos
Internos— me preguntó cuál era el motivo de mi visita.
Empecé a explicar, pero el magistrado parecía no entender
lo que yo le decía. No recordaba haber escrito el
mentado informe. Súbitamente, comenzó a lanzarme
besos y a hacer grotescas muecas con la boca. El anciano
continuó sus avances con piropos. Desconcertada, me
levanté y salí. El fiscal instruyó a su secretaria para que
me entregara el informe que yo andaba buscando.
Más tarde, reporteando para este libro, me enteré
de otros detalles acerca de este funcionario —quien, al
menos en la letra de la ley, representaba los intereses
de la sociedad ante el tribunal de alzada— que narraré
más adelante.
También recuerdo de aquellos primeros años la congoja
de un amigo nuestro, un profesional a quien un abogado
le pidió el favor de llevar un maletín a determinado
magistrado de la Corte Suprema. Cuando llegó con
el encargo, las actitudes del destinatario le hicieron
comprender que el maletín contenía una recompensa.
Había sido usado como correo para pagar una coima y no
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sabía cómo quitarse esa mancha de encima. Aunque no
tuvo interés pecuniario alguno en la operación, por
mantener la confianza del abogado y del magistrado,
nuestro amigo optó por callar.
Recién asumido el Gobierno Patricio Aylwin los tribunales
eran, periodísticamente, tierra descubierta y
conquistada por los profesionales de El Mercurio y La
Segunda, Miguel Yunisic y Daniel Martínez, quienes,
legítimamente, no estaban dispuestos a compartir sus
fuentes, ganadas durante años de oficio, aunque sí —
especialmente Daniel—, aceptaban ejercer cierta labor
pedagógica con la nueva hornada de periodistas de Tribunales:
Mario Aguilera, Marcelo Mendoza, Teresa Barría,
Yasna Lewin, Sebastián Campaña y yo.
Antes incluso de pensar en reportear, había que
aprender algunas nociones básicas de la forma en que
operaba este sector, en que el lenguaje era ininteligible,
los jueces inasequibles y los relacionadores públicos,
inexistentes.
En mis primeros días, llegaba al edificio tempranísimo
y me paseaba por sus cuatro pisos de escaleras y recovecos
tratando de entender. Las caras de jueces y abogados
me eran, como para casi todos los ciudadanos,
absolutamente desconocidas. Me daba pavor pensar en
aquella frase: «La ley se entiende conocida por todos».
Yo, a diario, me daba cuenta que con mis entonces tres
años de ejercicio profesional y mis estudios universitarios,
no la conocía. Tampoco esas personas de ropas y
zapatos gastados, que preguntaban conmigo: «¿Dónde
está la primera sala?».
Si la ley era un misterio para mí, los procedimientos
judiciales, un acertijo.
Durante los primeros meses mis colegas me dieron
como bombo en fiesta. Cuando yo iba a la Corte, ellos
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estaban en algún tribunal. Cuando me iba al juzgado, la
actividad estaba en las fiscalías militares.
Pero poco a poco aprendí a leer los movimientos de
actuarios y jueces. A descifrar los incomprensibles letreros
que cuelgan de las paredes para «informar» a los
litigantes qué causas se verán cada día. El significado de
la letra y el número negro de metal que los oficiales de
sala cuelgan en menudas pizarras de madera cada vez
que se inicia la vista de una nueva causa. A rastrojear
en los libros. A indagar en los listados de fallos.
Fue un duro proceso de auto-educación que eliminó
de mi memoria la imagen idealizada del Poder Judicial,
construida a temprana edad sobre la base de retazos de
películas norteamericanas y series televisivas.
Yo llegaba antes de que las salas de las Cortes de
Apelaciones y de la Corte Suprema empezaran a funcionar
(a las dos de la tarde, casi todo el año, excepto en el
corto verano, en que la media jornada de labores se traslada
a la mañana) y me iba mucho después de que los
magistrados partían a sus casas.
Al medio año, ya podía «ver». Por ejemplo, distinguir
cuando se estaba realizando un «alegato de pasillo».
Identificar la estampa de ciertos mediadores que aparecían
solicitando audiencias con ministros de la Corte
Suprema después de las 18 horas, aprovechando la leve
oscuridad que sucedía a la extinción paulatina de la iluminación
interna.
En el sistema chileno, que no tiene imitadores en
ninguna parte del mundo moderno, el papel escrito ha
sido históricamente la medida de toda acción judicial.
Allí donde se perdió un expediente, el proceso y la posibilidad
de reparar un daño o dar a cada quien lo que le
corresponde desaparece, las más de las veces, para
siempre. La táctica de pagar a algún funcionario una
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pequeña suma de dinero para que «extravíe» un legajo
es antigua. Un día vi a una persona, a quien tenía en
alta consideración por su reconocida probidad, acudir a
esta argucia para hacer desaparecer una causa de nulidad
matrimonial que se había complicado mucho para
un cliente suyo.
También oí. Oí tantas cosas que me parecía inconcebible
que el resto de los medios las ignoraran. Cuando
discutíamos el tema, algunos de mis colegas suscribían
la tesis de que sólo debía escribirse aquéllo escrito en
papel oficial. Que no se debía informar de un fallo mientras
no estuviera firmado —la publicidad anticipada,
argumentaban sobre la base de su propia experiencia,
podía instigar a los jueces o ministros a cambiar de parecer
—. Cierto sentido reverencial los cohibía de reportear
los entretelones de las decisiones judiciales. Era la
herencia de otros tiempos que los advenedizos al sector
no estábamos dispuestos a venerar.
Un día de junio de 1991, bastante tarde, me encontré
con el funcionario del Consejo de Defensa del Estado
(CDE) encargado de permanecer al tanto del avance de
las causas. Parecía acongojado. Me contó sobre un extraño
fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema que había
otorgado la libertad a un narcotraficante procesado
por la internación de cocaína más grande descubierta
hasta entonces y que el CDE ni siquiera se había enterado.
El funcionario temía perder su puesto, porque era
su responsabilidad perseguir esa causa. El caso apareció
en las páginas de La Epoca y, un mes más tarde, en
la revista APSI, pero los demás medios ni siquiera mencionaron
el hecho. Tales antecedentes tampoco fueron
motivo de interés político.
Era el tiempo del enfrentamiento entre el Ejecutivo
y la Corte Suprema, por la actuación de los tribunales
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en los casos de violaciones a los Derechos Humanos y
por los proyectos de reforma. Momentos en que la oposición
defendía a brazo partido la «independencia» del
Poder Judicial y se oponía a cualquier intento de «politizarlo
». El Mercurio, que ha sido por años el medio por
excelencia entre jueces y abogados, editorializaba en el
mismo sentido. Los ministros, tras el escudo del irascible
—pero probo— presidente de la Corte Suprema, Enrique
Correa Labra, se sentían seguros.
Afuera, el país parecía enfrentar problemas más
importantes. La tensión entre el Ejército y el recién instalado
gobierno de Aylwin era la preocupación central.
Los actos de violencia de grupos de extrema izquierda
añadían inesperados ingredientes a la ya difícil gobernabilidad.
Por eso, aunque en el seno del Poder Judicial se hablaba
de corrupción —de corrupción en la propia Corte
Suprema— el tema permaneció por un tiempo desconocido
masivamente y sus autores, impunes. No fue sino
hasta la acusación constitucional contra Hernán Cereceda
que las lenguas se soltaron. Un poco.
Se soltaron todavía más con la posterior acusación
contra Servando Jordán, quien fue el chivo expiatorio
escogido para pagar pecados propios y ajenos. Pero la
acusación llegó tarde, cuando la mayor parte de las faltas
estaban consumadas y Jordán —lo mismo que otros
magistrados— se había bajado el perfil a ciertas actitudes,
tal vez para ocultarlas del escrutinio público.
Fue en los primeros años de los ’90 que cristalizó en
la Corte Suprema el punto más bajo de un largo proceso
de degradación. Si no fuera por la actitud individual de
algunos notables magistrados la condena sería total.
La renuncia a los objetivos de su ministerio por parte
de algunos integrantes del más alto tribunal fue par-
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ticularmente dañina, considerando que la estructura
del sistema es extremadamente jerarquizada. Se crearon
mecanismos tácitos de protección. «Yo no te acuso,
tú no me acusas».
En algunos tribunales se llevaban cuadernos de los
ministros que llamaban pidiendo favores. No para denunciarlos
(hasta ahora no ha ocurrido), sino para «cobrar
» el favor cuando llegara el momento en que se necesitara
alguna ayudita «de arriba».
Se crearon núcleos de poder. Quien quedaba fuera
de alguna «familia», sin un padrino, podía considerarse
huérfano y estancando en su carrera, tal vez para
siempre.
Para oponerse a la voluntad superior había que ser
más que honesto. Había que ser heroico. Las facultades
discrecionales de la superioridad, definiendo los destinos
de cada funcionario, eran tan grandes que cualquier
gesto de oposición podía interpretarse como desobediencia.
Rebeldía que sería castigada con una sanción
directa o con algo peor, intangible: la postergación.
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LOS AMIGOS DE AYLWIN
Cuando Patricio Aylwin asumió el gobierno, contaba
con una Corte Suprema absolutamente hostil, que había
sido remodelada en los últimos años de Gobierno militar
con personas que el ministro de Justicia, Hugo Rosende,
consideró incondicionales. Según se recapitula
más adelante, no importaron mucho los méritos de los
postulantes, sino la lealtad e incondicionalidad al ideario
del general Augusto Pinochet.
Apenas instalado en La Moneda, Patricio Aylwin
comenzó a recibir toda suerte de comentarios acerca de
negligencia, actitudes indecorosas y hasta corrupción
entre ministros de la Corte Suprema. Sus amigos —casi
todos abogados— canalizaban parte de estos comentarios
que se hacían privada, pero animadamente, en los
tribunales.
Aylwin dijo a tres de sus más cercanos colaboradores
que si le traían algo concreto, «se podría hacer algo».
El Ejecutivo no tiene facultades fiscalizadoras sobre
la Corte Suprema y el Parlamento cuenta como única
herramienta la medida extrema de la acusación consti-
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tucional. Aylwin no estaba en posición de patrocinar
una, pero sí de sugerir la renuncia a algún magistrado
«complicado» con ciertos antecedentes. Eso es lo que sus
amigos entendieron por «hacer algo».
Los escogidos se propusieron reunir pruebas que dieran
respaldo a las acusaciones que se estaban haciendo y
pidieron a los denunciantes que las sustentaran con sus
testimonios o con alguna prueba documental.
Uno de ellos, Alejandro Hales, cuenta que «tuvimos
la intención de aportar.
Queríamos armar dossiers, pero no tuvimos la capacidad.
Primero, porque no éramos policías, ni podíamos
usar métodos habituales en otras épocas. Y segundo,
porque se decían muchas cosas, pero a la hora de pedir
pruebas, las acusaciones se diluían».
Hales afirma que la petición nunca la formuló el Presidente,
sino que fue iniciativa propia.
Otro de los profesionales, que admite haber recibido
el encargo de boca del Presidente, afirma que de todo lo
que oyó, sólo encontró testigos dispuestos a ratificar
afirmaciones sórdidas sobre la vida privada de Luis
Correa Bulo, uno de los ministros de la Corte de Apelaciones
que Aylwin nombraría en la Corte Suprema. Este
colaborador sabía que Correa Bulo había tenido una actitud
constante y valiente en las causas por violaciones
a los derechos humanos y no estaba dispuesto a que de
todos los magistrados acusados de actitudes irregulares,
Correa Bulo fuera el único en pagar. «Nunca le dije a
Aylwin», afirma hoy.
Era discutible la presunta incompatibilidad del comportamiento
descrito por esos testigos con el ejercicio
del ministerio. Tal vez, hasta discriminatorio. Pero no
lo es el reproche a otras conductas del ministro Correa
Bulo. Conductas que llevarían posteriormente al propio
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Aylwin a manifestar a cercanos suyos su arrepentimiento
por haberlo nombrado en la Corte Suprema.
El tercero de los encomendados por Aylwin logró
reunir alguna información que le entregó al Presidente
y éste, después de procesarla, la habría derivado, sin
revelar su fuente, al ministro de Justicia, Francisco
Cumplido, quien nunca estuvo enterado de las intenciones
de las amistades de Aylwin, pero asegura que, paralelamente,
también recibió información. Una vez un abogado
le dijo: «Al ministro tal le pagamos tanto dinero
por este fallo».
Cumplido le pidió al profesional una prueba: el recibo
del depósito. El abogado se esfumó, pero no pasó
mucho tiempo para que ambos volvieran a encontrarse.
El ministro preguntó:
—¿Y..? ¿Qué pasó con el recibo..?
—Es que eso es muy complicado para mí. Yo te conté
para que intervinieras tú.
—Pero sin pruebas no puedo hacer nada. Tú dices
que quieres ayudarme a limpiar esto, pero no lo estás
haciendo...
Cumplido oyó a otros que, aunque pocos, estuvieron
dispuestos a ratificar sus quejas. Muchas de ellas eran
formuladas por personas de escasos recursos que tenían
que lidiar con la corrupción en el último peldaño del sistema
judicial. Allí donde los actuarios —que cumplen
apenas con el mínimo requisito de haber egresado de
cuarto medio— y los oficiales de sala aparecen mandando
más que el distante e inaccesible juez.
Cuando Cumplido representó acusaciones fundadas
contra los tribunales de primera instancia, los presidentes
de la Corte Suprema Luis Maldonado y Enrique Correa
ordenaron inmediatas investigaciones y adoptaron
sanciones. Es lo que ocurrió con el comportamiento in-
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debido de ministros y jueces ariqueños en causas de
narcotráfico y con los casos de corrupción flagrante en
los Juzgados de San Bernardo.
Durante el período de Patricio Aylwin la Corte de
Apelaciones de Santiago investigó las irregularidades
cometidas por los jueces Geraly Sterio (quien nunca fue
habida para su procesamiento), Pedro Cornejo, Lientur
Escobar y Eduardo Castillo, quienes luego fueron removidos
del servicio por la Corte Suprema.
Pero, en dos ocasiones Cumplido informó a la Corte
Suprema sobre una actuación irregular entre sus pares.
Luis Maldonado y Marcos Aburto fueron los receptores
de sendas quejas contra los ministros Arnaldo Toro y
Servando Jordán. Ninguno de los dos fue sancionado, ni
investigado en sumarios internos, pues el procedimiento
ni siquiera está contemplado en esas alturas del Poder
Judicial.
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EL VIAJE DE «TORITO»
El ministro Arnaldo Toro fue uno de los últimos designados
durante el gobierno militar. Llegó a la Corte
Suprema el 12 de julio de 1989 sin que pueda contarse
en su currículum ninguna actividad académica de importancia,
ni fallo relevante. Según un magistrado en
funciones en la Corte Suprema, a Rosende se le acabó la
lista de ministros que pudiera considerar incondicionales
y tuvo que «raspar la olla». Otros dicen que fue recomendado
por Manuel Contreras. El caso es que Toro,
«Torito», como le decían sus colegas, asumió.
Los ministros de la Corte Suprema tienen derecho a
pedir tres días libres al mes y seis días administrativos
al año, más 30 días de vacaciones. Sin embargo, no están
obligados a firmar un libro de asistencias. De su presencia
en el tribunal sólo queda constancia en una página
que se cuelga en las pizarras ubicadas afuera de cada
sala, para que los abogados sepan qué ministros están
presentes, cuáles están ausentes y quiénes los reemplazan
en un día equis. Indagar cuántos días libres se toma
cada uno al año es una tarea casi imposible.
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No obstante, es un hecho que Arnaldo Toro ha sido,
desde que asumió su cargo, el ministro más ausente.
Pocos podrían incluso describirlo físicamente. Personalmente,
durante los cuatro años que pasé más horas en
ese edificio que en ningún otro lugar y en los que memoricé
los rostros de la mayoría de los magistrados, de
los funcionarios y hasta de los gendarmes, no recuerdo
haberlo visto.
Toro se ha tomado todos los días libres a que ha tenido
derecho legalmente. Aunque eso ya es bastante, fue
más allá cada vez que pudo. Y si bien los presidentes que
ha tenido el máximo tribunal han iniciado sus períodos
tratando de poner coto al exceso de inasistencias, «es difícil
para ellos decir que no a un colega, especialmente
cuando argumenta graves dificultades personales».
Toro, además, sufre de sinusitis crónica. Largos episodios
de este malestar lo aquejan varias veces al año,
de acuerdo con el registro de licencias médicas que ha
presentado durante su ejercicio ante la Corte Suprema.
Sus prolongadas ausencias no fueron obstáculos,
empero, para que realizara la gestión judicial, en 1990,
que motivó los reparos del Ministerio de Justicia ante
el presidente, Luis Maldonado.
El 2 de octubre de 1990, Toro, Marianela Valencia y
Sergio Ramos Echaiz abordaron el avión Ladeco que
cubría el trayecto entre Santiago y Antofagasta, con escala
en Copiapó. Las tres reservas se hicieron bajo un
mismo código: «C.2.»
Ramos era el socio principal y administrador de la
Sociedad Legal Minera Afuerina, que se hallaba en una
disputa legal con la Compañía Minera Ojos del Salado,
en dos causas acumuladas en el Tercer Juzgado de Letras
de Copiapó, bajo los roles 26.932 (originada en el
Primer Juzgado) y 5.017 (iniciada en el Tercero).
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La razón de ambas causas era una disputa entre La
Afuerina y Ojos del Salado por una inversión que haría
Philips Dodge Corporation, bajo el nombre de proyecto
cuprífero La Candelaria. La Afuerina aparecía como la
beneficiaria de los 300 millones de dólares que Philips
Dodge Corporation planeaba invertir. Pero Ojos del
Salado reclamaba que los bienes que se usarían para
concretar el proyecto (identificados como «Lar 1-10») le
pertenecían.
Al llegar a Copiapó, Toro y sus acompañantes se alojaron
en la casa del cuñado de Ramos, el empresario
Sergio Herrero. Ese mismo día, el titular del Primer
juzgado, Alvaro Carrasco, le llevó al ministro de la Corte
Suprema una fotocopia de los expedientes.
Dos días después, aprovechando una ausencia provisoria
del titular del Tercer Juzgado, Toro llamó a Carrasco
—que, recordemos, era juez del Primer Juzgado
— y le ordenó reponer una resolución que había sido
desechada el 15 de ese mes, en la causa que se había
iniciado en el Tercero. La instrucción era acoger las peticiones
de La Afuerina.
Al día siguiente, Samuel Lira, ex ministro de Minería
bajo el gobierno militar y apoderado de Ojos del Salado,
se quejó ante el presidente de la Corte Suprema,
Luis Maldonado.
—Usted tiene que llamar al magistrado para asegurar
la imparcialidad en este caso —le dijo al magistrado.
Maldonado ordenó a su secretaria que le comunicara
con el tribunal copiapino. Cuando logró contactarse con
el juez Carrasco, Maldonado comprobó que efectivamente
Arnaldo Toro estaba presionándolo.
—No se deje influenciar... Usted falle ajustado a Derecho
y no se preocupe de nada más. Nosotros lo vamos
a proteger —le dijo Maldonado al atemorizado juez.
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El caso llegó también a oídos del ministro Francisco
Cumplido, quien se entrevistó con Maldonado para
plantear oficialmente la queja.
Es probable que Maldonado haya amonestado privadamente
a Toro, pero no se inició ninguna investigación
oficial sobre su proceder y estos antecedentes nunca se
hicieron públicos.
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LAS PRIMERAS BATALLAS DE AYLWIN
A fines de los «70 el llamado grupo de los 24, encabezado
por Patricio Aylwin, comenzó la elaboración de
proyectos que incorporaría a su plataforma gubernamental.
Una subcomisión de ese grupo, dirigida por
Manuel Guzmán Vial, desarrolló los lineamientos para
el sector justicia. La preocupación principal era entonces
cómo enfrentar el tema de los derechos humanos.
Una vez que Aylwin asumió el poder, Guzmán se
convirtió en el presidente de una comisión oficialmente
encargada de estudiar proyectos de reforma al Poder
Judicial. Mientras el grupo trabajaba, el Presidente asumió
una estrategia de choque.
El viernes 30 de marzo de 1990, apenas después de
probarse la banda presidencial, Aylwin inauguró la
XVII Convención de Magistrados en Pucón.
En la testera estaban sentados el presidente de la
Corte Suprema, Luis Maldonado, el presidente de la
Asociación Nacional de Magistrados, Germán Hermosilla,
el ministro de Justicia, Francisco Cumplido, y el
presidente de la Cámara de Diputados, José Antonio
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Viera-Gallo. Centenares de magistrados desde Arica a
Punta Arenas asistían a ésta, la primera convención
tras el fin del régimen militar, una de las más concurridas
en la historia de la Asociación.
Apenas empezando su discurso, Aylwin dijo «nadie
puede objetivamente negar que la administración de
justicia experimenta una grave crisis». Varios de los que
escuchaban se removieron, incómodos, en sus asientos.
El Presidente recordó la figura de su padre, Miguel
Aylwin, quien fue presidente de la Corte Suprema al finalizar
los «50, e hizo un listado de las deficiencias del
sistema. Partió mencionando la falta de tribunales —
nada nuevo, esa era una demanda compartida por todos
los que habían presidido la Corte Suprema durante, por
lo menos, dos décadas—, pero continuó afirmando que,
según la opinión ciudadana, la judicatura no actuaba
como un Poder del Estado realmente independiente.
«Se la ve más bien como un mero servicio público que
‘administra justicia’ en forma más o menos rutinaria,
demasiado apegada a la letra de la ley y a menudo dócil
a las influencias del poder», dijo y la incomodidad se
instaló definitivamente en los rostros de algunos asistentes.
Aylwin comentó que compartía la opinión de la mayoría
de los ciudadanos en cuanto a que los tribunales
«no hicieron suficiente uso de las atribuciones que la
Constitución y las leyes» les conferían para proteger los
derechos fundamentales de las personas.
«Mi gobierno tiene la firme decisión (...) de afrontar
derechamente y a fondo este problema, en el ánimo
de elevar la judicatura a su más alto nivel, procurando
que su institucionalidad le confiera el carácter
de efectivo Poder Público, realmente independiente,
y abordar para ello una reforma integral, tanto
orgánica como procesal, que la convierta en un ins-
29
trumento eficaz para realizar la justicia en la convivencia
social».
¿Convertir al Poder Judicial en un verdadero Poder
del Estado? ¿Qué insolencia era ésa? La mayoría de los
ministros de la Corte Suprema (aunque no asistieron a
ese encuentro, sino que se enteraron luego) se sintieron
ofendidos. Luego le reprocharían a Maldonado haberse
quedado hasta el último minuto oyendo tales agravios.
Desde su perspectiva, el Poder Judicial era el único que
había emergido incólume de la traumática experiencia
de la Unidad Popular y se había mantenido independiente
y apegado a la ley bajo el Gobierno militar.
«Puro», como decía el ministro Enrique Correa Labra.
Según ellos, crear más tribunales y aumentar los
sueldos eran las únicas mejorías posibles. Las nuevas
autoridades debían aplaudir el heroísmo de la magistratura
antes que criticarla.
Aylwin siguió explicando que se proponía duplicar el
presupuesto asignado al sector justicia en un plazo de
cinco años. Luego anunció su programa de reformas,
que partiría por modificar la carrera judicial, para que
se «respete plenamente la dignidad de los magistrados».
Esa fue una crítica directa al corazón de la Corte Suprema,
que había ejercido en los últimos años un poder sin
contrapeso para promover las carreras de unos jueces
—no siempre los mejores— y frenar las de otros, especialmente
de aquéllos que acogieron e investigaron causas
por violaciones a los derechos humanos.
«Propondremos cambios legislativos para que los
sistemas de nombramientos, ascensos y calificaciones
sean lo suficientemente objetivos, transparentes y competitivos
», decía Aylwin, y sus palabras se iban traduciendo
como el peor de los insultos para ciertos magistrados.
30
En el mismo capítulo el Presidente atacó la práctica
del «besamanos» a que históricamente se vieron sometidos
los magistrados, primero ante sus superiores, para
solicitar ser incluidos en ternas o quinas de ascenso, y
luego ante el Ministerio de Justicia de turno, para que
los seleccionara:
«Aspiro a que no sea jamás necesario pedir audiencia
al ministro, al subsecretario o a otros funcionarios
para exponer los méritos. Ellos se encuentran
en las calificaciones, en la hoja de servicios y en la independencia
y prestancia con que se ha desempeñado
el cargo. Les ruego tener confianza en que así procederemos
».
Aylwin recordó a su padre, quien, por su carácter
«tieso de espinazo», se negaba a hacer antesala ante sus
superiores para ser incluido en ternas o quinas. Eso le
valió postergaciones, pero también reconocimiento y
respeto entre sus pares y entre los abogados. Cuando
asumió como presidente de la Corte Suprema, Aylwin
padre elaboró un sistema de anotaciones que llamaba
«pragmáticas»: en una libreta llevaba la cuenta de los
méritos de cada magistrado, de la certeza y agudeza de
sus sentencias, de su antigüedad y otros merecimientos,
con los que confeccionaba una lista. Los más capaces
arriba, los menos, en orden, hacia abajo.
En su cargo de Presidente del país, Patricio Aylwin
copió el método y diseñó «pragmáticas» para determinar
a quién nombrar, especialmente cuando había alguna
vacante en la Corte Suprema. En Pucón, pidió a las autoridades
judiciales que usaran similar criterio para elaborar
las ternas o quinas de postulantes, pues, dijo «el
sistema de cooptación puede llevar a la formación de
castas judiciales y hasta el nepotismo, lo que daña gravemente
la autoridad y prestigio de la judicatura».
31
El Presidente estaba tocando otra de las prácticas de
vieja data en el sistema. La de preferir a los amigos, a
los incondicionales o aun a los parientes para llenar los
cargos, especialmente en los nombramientos más cotizados
y que dependen del Poder Judicial, como notarías,
secretarios en juzgados civiles, conservadores de bienes
raíces, procuradores del número.
Aylwin expuso la necesidad de que los jueces dictaran
fallos razonados y fundados y de que se pusiera coto
al abuso de ciertos recursos extraordinarios, como las
quejas, que convirtieron a la Corte Suprema en una
«tercera instancia». Lo razonable es que existan sólo
dos: en primera instancia, la resolución de un juez, y en
segunda, el dictamen de una corte de apelaciones. Pero
la Corte Suprema debiera reservar para sí el rol de
interpretadora de la ley y fijación de la jurisprudencia,
sin intervenir en el contenido de los fallos.
Recordó que en 1989, la Corte resolvió unos 500 recursos
de casación (que son los propios del máximo tribunal,
destinados a fijar la interpretación de ley, y que requieren
un alto nivel de razonamiento y fundamentación)
en contra de 2.000 recursos de queja que, mayoritariamente,
modificaron los fallos de los tribunales inferiores
antes que sancionar alguna «falta o abuso» cometido
por un juez, cual era el espíritu de la queja en su origen.
Aylwin anunció desde esa tribuna el proyecto que
provocaría más rechazo entre la superioridad judicial:
la creación del Consejo Nacional de la Justicia, destinado
a transformar «al servicio público judicial en un auténtico
poder del Estado, ¡en el Poder Judicial!».
Sus palabras sonaron para algunos como amenaza de
revancha, augurio de descabezamiento.
Aylwin quería que esa entidad, conformada por representantes
de los tres poderes del Estado, Facultades
32
de Derecho y abogados dictara la «política judicial», administrara
el presupuesto y designara a los ministros,
fiscales y abogados integrantes de la Corte Suprema, y
dirigiera y supervigilara a los órganos auxiliares, como
la policía, el Servicio Médico Legal, Gendarmería, la
escuela judicial y el servicio de asistencia judicial, además
de realizar las calificaciones y el control disciplinario
en la judicatura.
Todas esas eran facultades que estaban en manos
hasta entonces de la Corte Suprema.
Para terminar por enemistarse con la Corte superior,
Aylwin agradeció a la Asociación Nacional de Magistrados
y al Instituto de Estudios Judiciales la invitación,
entidades, especialmente esta última, que se habían
convertido en el refugio de los magistrados que
estaban en favor de las reformas.
«Es cierto que hay una crisis de la justicia en
Chile y una pérdida de confianza colectiva a su respecto.
Pero también es cierto que existen en el Poder
Judicial personas preparadas, eficientes, probas, que
a pesar de las limitaciones que sufren, se sienten responsables
de superar los actuales signos de la crisis y
tratan de cumplir, lo mejor posible, con la alta misión
de impartir justicia que el pueblo ha depositado en
sus manos. Son la base fundamental para la renovación
y las reformas que efectuaremos. Confío en ellos,
confío en ustedes y me siento optimista».
Era obvio que Aylwin, no estaba hablando de los ministros
de la Corte Suprema.
Desde ese minuto, la guerra se dio por declarada.
Ese fin de semana los jueces y ministros de cortes
reunidos en Pucón respaldaron la tesis de que la justicia
estaba en crisis y apoyaron la idea de crear un Consejo
Nacional de la Magistratura. No querían que tuviera la
facultad de calificar a los magistrados, pero una comi-
33
sión presidida por Luis Correa Bulo propuso modificaciones
al sistema vigente.
En la Corte Suprema ninguno de esos conceptos fue
bienvenido. Al iniciar la semana, más de un centenar de
familiares de presos políticos protestaron en los tribunales
y se encadenaron en los pasillos de la Corte Suprema,
precisamente cuando los magistrados estaban
discutiendo en pleno el alcance de las palabras de Aylwin.
Los ministros suspendieron su reunión. Luis Maldonado
llamó a Carabineros y los autorizó a ingresar y a
usar «medios disuasivos».
Recuerdo que yo estaba en el segundo piso cuando
súbitamente el gas lacrimógeno inundó el edificio. Con
los ojos entrecerrados y llenos de lágrimas huí hacia los
ascensores. En la escapada vi al ministro Rafael Retamal
que con ademán pausado se enjugaba los ojos con un
pañuelo. Caminando lenta y cansinamente, también trataba
de encontrar la salida. Parecía una imagen en cámara
lenta dentro del frenético cuadro.
Ese día hubo más de 30 detenidos y un confuso incidente
protagonizado por el presidente de la Corte de
Apelaciones, Guillermo Navas. Navas afirmó a los medios
de comunicación que había sido «empujado» por los
manifestantes, pero una indiscreta cámara de televisión
captó que, en medio de la confusión, el magistrado le
había dado una bofetada a Elena Carrillo, la hermana
del ex preso político Vasily Carrillo.
—Manipularon ese video. Lo cierto es que yo no golpeé
a la dama. Yo la tomé de la muñeca cuando ella intentaba
golpear en la nuca a un carabinero —fue otra
de las respuestas que ensayó Navas con posterioridad.
El incidente le penaría un poco, pero no fue obstáculo
para su ascenso a la Corte Suprema, años más tarde.
34
Ese mismo loco día, la Suprema emitió una declaración
justificando el uso de la fuerza policial y quejándose
de la escasa dotación de gendarmes para el Palacio
de los Tribunales. El dardo iba dirigido al ministro de
Justicia, pues Gendarmería estaba bajo su tutela.
El martes, 14 de 17 magistrados que componían la
Corte Suprema emitieron una segunda declaración, ahora
para rechazar los juicios de Aylwin:
«El Poder Judicial no está en crisis, y no lo está
porque cumple y seguirá cumpliendo su elevada misión
de ser justo, con la más absoluta y total independencia
que tiene, ha tenido y que siempre ha sido respetada
por los otros Poderes del Estado (É) Nuestros
problemas económicos (...) desaparecen cuando se
cumple la incomprendida hermosa tarea de hacer
justicia».
En una advertencia directa a Aylwin, dijeron: «El
respeto mutuo es útil y necesario conservarlo».
En un voto aparte, el presidente de la Corte, Luis
Maldonado, junto a Hernán Cereceda, Servando Jordán,
Roberto Dávila, Arnaldo Toro y Marco Aurelio
Perales manifestaron que había sido su parecer abstenerse
de cualquier declaración pública, pues, en su
opinión, no era siquiera necesario explicar que la Corte
Suprema «ha desempeñado sus funciones durante
años con sujeción a la Constitución y las leyes». No
obstante, esta minoría más «conciliadora» firmaba el
voto de mayoría.
El máximo tribunal hizo además un gesto de desaire y
rechazó una invitación del Presidente a «tomar el té» en
La Moneda. Lo único que querían discutir con el jefe de
Estado era la débil protección que tenían en el edificio.
Buena parte de los ministros sentía que las palabras
de Aylwin en Pucón habían azuzado a los manifestantes
y los más alarmistas difundían la tesis de que el Ejecuti-
35
vo había disminuido las medidas de seguridad al interior
del Palacio, premeditadamente.
Los ministros se sentían amenazados.
Cumplido visitó a Maldonado con el fin de deplorar
las manifestaciones y su respaldo al uso de la fuerza
policial. Pero, diplomáticamente, también rechazó las
acusaciones de haber desprotegido a los magistrados:
«El Gobierno tiene y mantiene las mismas medidas de
seguridad en el Palacio de Tribunales que existían con
anterioridad», recalcó, no obstante lo cual anunció el
aumento en la dotación de gendarmes.
El vocero del Gobierno, el ministro Enrique Correa
afirmó que la relación entre ambos poderes era normal,
pero ratificó el diagnóstico oficial de que el Poder Judicial
atravesaba por una grave crisis. Como para sembrar
cizaña y subrayar que los únicos que no compartían
ese juicio estaban sentados en el segundo piso del Palacio
de los Tribunales, Correa recordó que los magistrados
reunidos en Pucón habían ovacionado a Aylwin.
36
CUÁNTO TARDA EN ESCRIBIR UN JUEZ
La Corte Suprema realiza anualmente la calificación
de sus funcionarios subalternos, pero nadie califica a la
Corte Suprema. Es parte, se entiende, del resguardo a
su independencia.
La única vía, hasta ahora, para controlar que los
magistrados del más alto tribunal cumplan con sus tareas
(fuera de la retórica fiscalización que puede ejercer
el ministro que los preside) es la traumática acusación
constitucional. Palabras mayores. En la práctica, para
soportar las consecuencias de la injerencia de un poder
del Estado sobre otro, una acusación requiere un fundamento
político, una razón poderosa que mueva a acusar
(o a defender) a un ministro de la Corte Suprema.
Hernán Cereceda, pese a sus innumerables actuaciones
venales, no hubiera caído de no mediar su entusiasmo
por enviar a la justicia militar el proceso por la desaparición
de Alfonso Chanfreau. Y la acusación contra
Jordán (que además fue rechazada) tal vez no se hubiera
presentado si el magistrado hubiese votado en contra
de las condenas a Manuel Contreras y Pedro Espinoza,
37
por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier, concretada
la acusación, quizás no se habría salvado de
caer si no hubiera contado con el apoyo de ciertas abstenciones
y silencios.
Según el Código Orgánico de Tribunales, para ingresar
al escalafón judicial como juez basta ser chileno, tener
25 años de edad, haber ejercido al menos dos años
como abogado y no haber sido condenado a una pena
superior a tres años y un día. Más años de ejercicio y
mayor edad se piden como requisitos para los ministros
de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema (y, según
las últimas modificaciones, la aprobación de ciertos
cursos en la Academia Judicial). No es mucho.
Pero el mismo Código, en otros capítulos, expresa
otras opiniones acerca de lo deseable en un magistrado.
Por ejemplo, en las normas que estuvieron vigentes
bajo el gobierno de Aylwin, se disponía que en el momento
de las calificaciones quedarían incluidos en Lista
Uno, sobresaliente, los jueces que «además de tener una
moralidad intachable, reúnan cualidades sobresalientes
de criterio y preparación jurídica, vocación profesional,
laboriosidad, eficiencia y celo en el cumplimiento de sus
deberes y obligaciones». El sistema de listas cambió en
1996 por uno de notas, pero el concepto de lo deseable
en los magistrados se mantuvo más o menos igual.
Mientras duró el sistema de listas, la gran mayoría
de los magistrados era calificado en Lista Uno y, por
supuesto, se consideraban implícitamente en esta categoría
quienes habían llegado a las alturas de la Corte
Suprema.
Para aclarar lo que los jueces no deben hacer, dice el
Código que serán castigados, cuando corresponda, «el
cohecho, la falta de observancia en materia sustancial
de las leyes que reglan el procedimiento, la denegación
38
y la torcida administración de justicia y, en general,
toda prevaricación o grave infracción de cualquiera de
los deberes que las leyes imponen a los jueces».
El Código Penal explica que la prevaricación se comete
cuando los jueces, a sabiendas, fallan expresamente
contra la letra de la ley y cuando, por sí mismos o por
intermedio de un tercero, «admitan o convengan en admitir
dádiva o regalo por hacer o dejar de hacer algún
acto de su cargo» y aun cuando, ejerciendo sus funciones,
«o valiéndose del poder que éste les da, seduzcan o
soliciten a mujer procesada o que litigue ante ellos».
En Pucón, Aylwin hizo una definición de sentido común
acerca de la especial obligación de los magistrados
de ser independientes. Ella exige, dijo, «la firme voluntad
del magistrado de descubrir a toda costa la verdad y
de ser justo, protegiéndose con recia coraza de toda clase
de influencias y presiones, aun las de sus propios
prejuicios y visiones globales sobre la sociedad y el diario
acontecer». Para no hacer «justicia de escritorio» el
magistrado debe compenetrarse «de la realidad del
mundo contemporáneo y, muy especialmente, del que
viven las personas que a él recurren» al mismo tiempo
que «saber colocarse por encima de las pasiones y tendencias
propias de la condición humana».
Es la Corte Suprema la que supuestamente resume
en sus integrantes todos estos altos valores y tiene las
herramientas legales para prevenir que sus subalternos
cometan las faltas descritas. La confianza en que los
ministros que han llegado al máximo tribunal actuarán
siempre de acuerdo con esos nobles principios es ciega,
pues no existen procedimientos regulares para fiscalizar
su comportamiento.
Sólo el Parlamento puede intervenir, como ya hemos
dicho, excepcionalmente, con la dramática acusación
39
constitucional. En la realidad, lo que se supone ser resguardo
de la independencia del tercer poder del Estado,
es también una manga amplia en la que se guarecen
quienes se inclinan más por satisfacer intereses personales
y menos por los de la sociedad.
El Código Orgánico de Tribunales recomienda, por
ejemplo, a las Cortes Suprema y de Apelaciones sancionar
con vigor las siguientes faltas en la magistratura:
a) Las agresiones «de palabra por escrito o de obra»
a los superiores.
b) Las infracciones graves al respeto debido a funcionarios,
empleados o personas que acuden a los estrados.
c) Las ausencias «sin licencia, del lugar de sus funciones
» o de su sitio de trabajo durante las horas que
corresponde, o cualquier negligencia en el cumplimiento
de los deberes.
d) Las irregularidades de conducta o vicios de quienes,
por esa razón, hicieren desmerecer en el concepto
público o comprometieren el decoro de su ministerio».
e) Los endeudamientos por montos «superiores a su
fortuna», que pongan al funcionario en riesgo de ser demandado.
f) El escoger siempre a las mismas personas como
síndicos, depositarios, peritos u otros cargos similares.
g) Las infracciones a la ley.
Otras conductas, como involucrarse en actos políticos
que comprometan su independencia, asistir a actos
sociales organizados por litigantes y oír alegatos de alguna
parte fuera de las instancias normales de un juicio,
también tienen su mención en el área de lo prohibido.
Se presupone que los ministros de la Suprema observarán,
con más celo que ningún magistrado, estas
obligaciones. Pero, como se verá en las páginas siguientes,
más de un magistrado de ese tribunal ha incurrido
40
en alguna o varias de esas faltas sin que recibiera sanción
por ello.
Los ministros supremos, por ejemplo, comparten con
sus subalternos obligaciones concretas, como la de «despachar
los asuntos sometidos a su conocimiento en los
plazos que fija la ley o con toda la brevedad que las actuaciones
de su ministerio les permitan».
Si el Parlamento, recién instaurado (o antes, la Junta
Militar), hubiera fiscalizado el cumplimiento de esta
norma, tendría que haber acusado constitucionalmente
a varios ex ministros de la Corte Suprema —algunos de
los cuales fueron posteriormente nombrados senadores
designados— que se retiraron sin que hasta ahora hayan
redactado fallos que se les fueron encomendados.
El sistema opera más o menos así: una sala de la
Corte Suprema, en algún caso, se reúne para discutir
un tema. Digamos, un recurso de queja. El relator les
expone los antecedentes y los magistrados expresan su
parecer. Y se obtiene un resultado, a veces unánime,
otras veces dividido. Antes de dar a conocer esa decisión,
se encarga a un magistrado (a veces dos, cuando
la minoría, por ejemplo, quiere fundamentar su voto)
la redacción del fallo, que los demás revisarán, aprobarán
y finalmente, firmarán. En esta etapa de redacción,
el tribunal informa que el fallo «está en acuerdo».
Pendiente.
Normalmente, ésta debiera ser la última espera, la
más corta. Es sólo el tramo final de una causa, que ya ha
recorrido la primera y segunda instancias y que, por alguna
razón, en teoría excepcional, ha llegado a la Corte
Suprema.
La mayor parte de las veces en que a un magistrado
se le encarga la tarea de redactar un fallo no tiene que
estudiar mucho, ni discutir asuntos pendientes. Eso se
41
ha resuelto en las etapas previas. Su misión es primordialmente
poner en papel la decisión que ya se ha tomado.
Pero si no lo hace, el fallo no existe. Permanece pendiente.
Para constatar la tardanza en la redacción de los fallos
en la Corte Suprema, a comienzos de los ’90, bastaba
mirar un informe pegado a la entrada de la secretaría
de la Corte Suprema. Dos o tres páginas que se exhibían
allí, en cumplimiento de la ley (el artículo 587 del
Código Orgánico de Tribunales), detallaban ante los ojos
del público el estado de los casos que estaba conociendo
la Corte Suprema y, cuando correspondía, qué ministro
estaba escribiendo el acuerdo.
Tras el cambio de gobierno, alguien llegó con la copia
del estado de fallos al Ejecutivo. Los reclamos menudearon.
En la Corte Suprema algunos ministros cayeron en la
cuenta de que en muchos casos no era siquiera posible revertir
el desaguisado. Los nombres de ministros «redactores
» que habían dejado ya el Poder Judicial estaban en
exposición permanente en la secretaría. Otros que estaban
todavía en funciones se quejaron ante su presidente
porque los litigantes iban a molestarlos a sus despachos.
Obviamente los particulares querían saber cuándo
se emitirían los fallos, que para bien o para mal, pondrían
fin a su prolongada incertidumbre.
Un día, sin mediar anuncio público ni justificación
legal, la publicación, conforme manda el artículo 587,
cesó. Hoy se publica otra forma de estado de fallos que,
convenientemente, omite el nombre de los ministros
que se han comprometido a redactar.
Sin embargo, una copia del antiguo 587 que guindaba
de la puerta de la secretaría a comienzos de los «90
está en mi poder.
42
En ese listado es fácil apreciar que el ministro Octavio
Ramírez dejó pendientes ocho fallos solamente en la
Tercera Sala (otros tantos quedaron repartidos en las
demás) al retirarse del Poder Judicial en 1989.
Algunos dirán que la ley no señala con precisión un
plazo para que se dicten los fallos después de que se ha
adoptado un acuerdo y que ciertas redacciones fundamentadas
toman su tiempo, pero un mínimo sentido común
indica que los litigantes no pueden esperar diez
años para que alguien se digne a darles forma escrita.
Así ocurrió con el acuerdo en la causa «Enrique Fon
Aguilar», que el ministro Ramírez se comprometió a redactar
el 20 de marzo de 1980 y que en 1990 todavía estaba
pendiente.
Según el mismo informe, Ramírez tenía otros cinco
acuerdos pendientes desde remotas fechas registradas
entre 1980 y 1982, repartidos en diferentes salas. En la
Primera, tenía fallos esperando desde 1983 y 1984 («Aspej
Hermanos con el Servicio de Impuestos Internos» e
«Hipermercado Jumbo», respectivamente).
Abraham Meersohn, se comprometió en junio de
1986 a escribir el fallo relacionado con las Fábricas de
Cecinas La Portada y, en 1987, otro de la Compañía Nacional
de Teléfonos. Se retiró en 1988 sin que esos fallos,
ni otros dos que recibió justo ese mismo año, vieran la
luz.
El ex ministro y abogado integrante Ricardo Martin
se convirtió en senador designado antes de escribir la
resolución en la causa «Juan Kizmanic Stancic», que le
fue confiada el 17 de diciembre de 1988.
Según el mismo listado, el abogado integrante Juan
Colombo tenía dos causas esperando desde 1987; dos,
desde 1988 y una tercera, desde 1989.
43
Servando Jordán anotaba fallos a la espera desde
1987 y 1988, junto a Marcos Aburto, el abogado integrante
Riesco y el infaltable Ramírez Miranda.
En 1989, el ex presidente de la Corte Suprema Israel
Bórquez se retiró dejando pendiente la redacción
del fallo en la causa «Jorge Bellalta Soto y otros», que le
fue encargada el 4 de abril de ese mismo año.
Ante la avalancha de quejas al comenzar los ’90, ciertamente
la Corte Suprema intentó dar una solución a
este problema y encargó a ciertos relatores que «sacaran»
los fallos. Pero estos extraviaron los expedientes y no
pudieron cumplir —no, al menos a cabalidad— la tarea
que, en cualquier caso, no estaba entre sus obligaciones.
El Código Orgánico de Tribunales, que describe la
forma en que deben adoptarse los acuerdos y de qué
modo deben dirimirse las diferencias, ni siquiera se
pone en el caso de que un ministro no presente el borrador
de la sentencia. Sí dispone que «todos los jueces
que hubieren asistido a la vista de una causa, quedan
obligados a concurrir al fallo de la misma, aunque hayan
cesado en sus funciones, salvo que, a juicio del tribunal,
se encuentren imposibilitados física o moralmente para
intervenir en ella» y determina que, incluso, «no se efectuará
el pago de ninguna jubilación de ministros de Corte,
mientras no acrediten haber concurrido al fallo de
las causas».
De perogrullo es suponer que si los ministros están
obligados a concurrir al momento de las decisiones,
también lo estarán a entregar los fallos redactados. Especialmente
si una tan extendida demora tiene consecuencias
trágicas, como en el caso del constructor Mario
Castillo Villalón.
Castillo inició una demanda contra el Serviu para
que le reconociera su calidad de contratista. Por la vía
44
de un recurso extraordinario la causa llegó a la Corte
Suprema el 18 de julio de 1985. Una sala discutió el
caso y quedó en acuerdo el 19 de agosto de 1987. Ese
día, el ministro Carlos Letelier fue designado para redactar
la decisión. Antes de que el pronunciamiento
definitivo fuera emitido, el 24 de noviembre de 1988,
Letelier llamó a las partes para tratar de obtener una
conciliación. El trámite no dio resultado. Letelier, entonces,
estaba obligado a presentar un borrador de la sentencia
acordada inicialmente, para que sus pares le dieran
el visto bueno y la firmaran. No lo hizo. Abandonó el
Poder Judicial para convertirse en senador designado.
El constructor se desvivió en gestiones para obtener
el fallo que esperaba. La Corte Suprema no atendió sus
presentaciones. Murió en 1997 y la sentencia en su caso
todavía está pendiente.
45
LA VARA CON QUE MIDES
El ministro Carlos Cerda Fernández en la Corte de
Apelaciones de Santiago, viste sobrios trajes y usa lentes
de grueso marco negro sobre sus ojos achinados.
Parece profesor de castellano de algún liceo fiscal. No
se adivinan en su aspecto ni su inteligencia ni su rigor
intelectual. Pero basta leer el más trivial de sus fallos
para advertirlos. No sólo por la profundidad de sus reflexiones,
sino por su envoltura, propia de un escritor
de talento y agudo sentido de la ironía.
Cerda no acepta alegatos de pasillos, coimas, ni invitaciones
que comprometan su juicio. Pero tampoco se
aísla del mundo en que vive. En su opinión, el magistrado
debe ser abierto, políticamente responsable de sus