KAKO2006

Denuncia sobre desarrollo y pobreza
Según el Informe sobre Desarrollo Humano de 1998
del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo)
la economía mundial ha doblado su producción
en los últimos 25 años, ha crecido a un ritmo de un 3.06
por ciento anual, mientras la población lo ha hecho a
un ritmo de un 1.6 por ciento, como consecuencia los
recursos disponibles por persona han aumentado en un
38 por ciento. Nuestra percepción seguramente será
que el crecimiento ha sido mucho mayor, que los recursos
disponibles se han multiplicado varias veces, y que
ahora se vive mucho mejor que antes, es una percepción
engañosa, en los países desarrollados la renta media
per cápita ha crecido en un 60 por ciento en ese p eríodo.
La evolución de la renta es peor cuanto más pobres
son los países, en el conjunto de países en desarrollo la
renta ha crecido en un 75 por ciento en los últimos 25
años, pero en el conjunto de los países más pobres esto
no ha sido así, las economías han ido de mal en peor, la
población se ha multiplicado, se ha producido un deterioro
continuado de las condiciones de vida y un aumento
de la población que vive en condiciones de extrema
pobreza, la renta per cápita ha disminuido a un
ritmo negativo de un –0,3 por ciento anual.
Pero la escasez de recursos o de crecimiento no es
suficiente para explicar la situación de pobreza en la
que vive la mayor parte de la población del planeta, la
falta de equidad en la distribución de la riqueza produ-
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cida es sin duda la causa principal. 4.160 millones de
personas, el 75 por ciento de la población del planeta,
vivía en 1995 con el 17 por ciento de los recursos. En
los países industrializados la renta media del 20 por
ciento de la población más rica, es siete veces mayor
que la del 20 por ciento más pobre, lo que lleva a más
de 200 millones de personas a vivir en condiciones de
exclusión social.
En los países en desarrollo esta falta de equidad es
aún más grave porque coloca a la mayor parte de la p oblación
del planeta en la más completa desprotección y
desatención. Situaciones como las de Brasil son comunes,
el 20 por ciento de la población concentra el 68 por
ciento de la renta nacional, mientras la mayor parte de
la población es excluida del proceso de desarrollo, casi
un 30 por ciento de la población vive con menos de un
dólar diario y el 24 por ciento no tiene acceso a agua
potable. En los 44 países clasificados como de desarrollo
humano bajo, entre los que se incluye la India, la
renta media no alcanza a un dólar diario, más del 50
por ciento de la población es analfabeta, el 41 por ciento
no tiene acceso a agua potable, el 48 por ciento no sabe
que son los servicios sanitarios, y casi el 60 por ciento
vive sin saneamientos.
Algunos datos presentados por el informe del
PNUD resultan en un verdadero atentado contra la ética
y la más básica dignidad humana, las 222 personas
más ricas del planeta poseen los mismos recursos que
la mitad de la población mundial (situada en 5.930 millones
en 1998) y las tres personas más ricas poseen los
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mismos recursos que los 48 países más pobres del planeta,
es una confirmación de que la política económica
neoliberal basada en el crecimiento sostenido, conduce
a una concentración cada vez mayor de la riqueza, aumenta
la diferencia que existe entre la renta de los distintos
sectores de la población, y condena a la mayor
parte de la población a una vida basada en la lucha por
la supervivencia.
En este sentido exigimos que los gobiernos cumplan
con los compromisos firmados en las múltiples cumbres
mundiales sobre desarrollo social, alimentación, mujer,
infancia, etc. Y con los compromisos sobre Ayuda Oficial
contraídos ante Naciones Unidas, y como es el caso
español ante su población y sus electores.
Denunciamos que el desarrollo que no revierte en
una mejora de las condiciones de vida de la población
no puede ser calificado como tal, y que éste ha de priorizar
la seguridad alimentaria y la garantía de acceso a
la educación, la atención sanitaria y al trabajo, la atención
a las poblaciones campesinas e indígenas y ha de
promover una verdadera reforma agraria, que empiece
por solucionar el problema de la propiedad de la tierra.
Así mismo, debe priorizar, el compromiso de construir
un nuevo paradigma de desarrollo que modifique las
relaciones de poder actuales, basadas en la subordinación
de unos países a otros.
Por más que el sistema se esfuerce en inhibir responsabilidades,
es inadmisible la aceptación de esa realidad
en aras del libre mercado, exigimos la intervención
de los gobiernos de los países industrializados, los
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únicos que tienen instrumentos para avanzar en la solución
del problema y exigimos el cumplimiento por el
Gobierno Español de los compromisos asumidos por el
propio Parlamento y demandados por la sociedad, en
materia de cooperación internacional.
Denuncia sobre la deuda externa
La deuda externa es un mecanismo para la
expoliación de la riqueza que generan los países en
desarrollo, para la imposición de las políticas
neoliberales de globalización económica a estos países,
y una forma de socializar las pérdidas que los intereses
privados generan. La mayoría de los países en
desarrollo viven en una situación de quiebra
económica, obligados a pagar unas cantidades que
superan sus posibilidades económicas, por lo que no
tienen otra alternativa que recurrir a la contratación
de nuevos préstamos para hacer frente a los pagos
atrasados, lo que les lleva a un endeudamiento
creciente, insostenible, impagable y eterno.
Basta con ver la evolución de la deuda desde que
ésta se ha convertido en un problema para el desarrollo,
en 1970 la deuda era de 68 mil millones de dólares,
los países estaban en plena época desarrollista, entre
las dos décadas (la del 60 y la del 70) más prósperas y
con mayores esperanzas de futuro para estos países. A
finales de la década del 70, la deuda había crecido hasta
los 577 mil millones, era aún una deuda sostenible si
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se hubieran mantenido los términos en que fue contratada.
Los años ochenta son conocidos como la década
perdida para el desarrollo, la deuda se convirtió en impagable
y alcanzó tales proporciones que se convirtió en
uno de los principales obstáculos para el desarrollo, en
esa década los países en desarrollo pagaron una factura
del orden de 1 billón 300 mil millones de dólares, en
concepto de pago del servicio de la deuda, aun así la
deuda al final de la década (en el 90) había crecido hasta
1 billón 420 mil millones. Hoy día ya está situada en
2 billones 170 mil millones de dólares.
Las principales causas de la deuda podrían ser clasificadas
en tres grupos, los gastos improductivos efectuados
por los países, las causas externas o no controlables
por los países endeudados y las políticas de socialización
de pérdidas. En el primer bloque cabría enumerar
a los consumos de lujo de las élites pudientes de
estos países, consumos generalmente de productos importados
cuya adquisición desequilibra las balanzas
comerciales de estos países, estos desequilibrios han de
ser cubiertos con préstamos internacionales. Lo mismo
ocurre con las inversiones improductivas en compra de
armamento, la situación se agrava si los “generales” se
deciden a utilizar “sus juguetes”, en ese caso el coste
económico y social se puede multiplicar hasta la paralización
del país.
En el segundo conjunto de causas ajenas al país,
cabe enumerar en primer lugar las subidas del precio
del petróleo de 1973 y 1979, en la primera el precio se
multiplicó por cuatro y en la segunda se volvió a multi-
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plicar por 1.7, la factura del petróleo que tenían que
pagar los países se multiplicó igualmente, éstos debían
de optar entre su paralización o su endeudamiento e xterior.
La multiplicación del precio del petróleo revertió
en un profundo deterioro de los llamados términos de
intercambio, los productos manufacturados (para estos
países la mayoría de los productos importados) entraron
en un proceso de elevación continuada de precios,
mientras los productos básicos y las materias primas
entraban en un proceso de descenso de precios, la necesidad
de hacer frente a pagos de deuda más elevados
llevaba a éstos a exportar todo lo que podían (materias
primas y productos básicos), con lo que los precios aún
se precipitaban más hacia abajo. En este segundo bloque
hay que citar también los cambios en los tipos de
interés (se multiplicaron por cuatro de finales del 70 a
primeros del 80), lo cual precipitó la crisis de la deuda
del año 82, se popularizó (por inevitable) la adquisición
de nuevos préstamos para hacer frente al pago de deudas
impagables, provocando a partir de ahí la catástrofe
económica de esa década y la multiplicación de la
deuda. No puede dejar de enumerarse también la fuga
de capitales como una de las causas fundamentales de
la deuda, los recursos generados en estos países buscan
normalmente la solvencia y la seguridad de bancos e xtranjeros
donde rentabilizarse, privando así a estos
países de una fuente de ahorro interno imprescindible
para el autofinanciamiento del propio desarrollo, ello
implica que cualquier inversión habrá de ser financiada
con apoyo desde el exterior, esta fuga se multiplica con
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la inestabilidad económica y social, es decir con la pobreza.
Pero no son éstas todas las causas, la socialización
de pérdidas es un factor muy importante para explicar
la magnitud de la deuda, es práctica habitual, ya lo era
en la década del 60 y del 70 que el estado figure como
aval de las concesiones exteriores de préstamo a agentes
privados, sea para inversiones productivas o para
transacciones comerciales. De esta manera las inversiones
fallidas o la insolvencia de estos agentes hará
que la deuda revierta en deuda pública.
Denuncia sobre las políticas de ajuste estructural
Son la peor cara de la deuda, revelan el carácter
más inhumano y antisocial de las políticas económicas
neoliberales. En la Roma de Espartaco, cuando alguien
contraía una deuda que no podía pagar, ni tenía credenciales
que le avalaran, se convertía en esclavo, y
quedaba obligado a esta condición hasta el retorno de la
deuda. La esclavitud hoy es condenada y sería repudiada
en cualquier foro internacional, pero el sistema financiero
ha envuelto sus decisiones y sus prácticas, en
un discurso de confusión de la democracia con el libre
mercado y con la libre competencia, que hace que prácticas
que conducen al empobrecimiento y a la pérdida
de recursos de vida de las poblaciones de los países en
desarrollo, a la pérdida de soberanía de estos países o
lo que es lo mismo a la esclavitud económica, a la pre-
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carización y a la destrucción del empleo, que colocan a
la humanidad a las puertas de una catástrofe ecológica,
sean consideradas como prácticas democráticas que
consisten en el aprovechamiento de “oportunidades de
mercado”.
Cuando algún delincuente mata por alguna
deuda impagada, la ejecución se llama
ajuste de cuentas; y se llama plan de ajuste
la ejecución de un país endeudado, cuando
la tecnocracia internacional decide liquidarlo...
La economía internacional es la más eficiente
expresión del crimen organizado.
Eduardo Galeano
Las medidas comúnmente propuestas cuando un
país es sometido a un plan de ajuste bajo los auspicios
del FMI, pretenden la reducción del déficit presupuestario
mediante la limitación del gasto público, esta limitación
se consigue con despidos, en ocasiones masivos
de todas las áreas de la administración del Estado,
con recortes en los programas sociales y los proyectos
de desarrollo, incremento de la presión fiscal a través
del aumento de los impuestos indirectos, implantación
de tarifas en los servicios de salud y aumento de las
tarifas en los demás servicios públicos.
Otro paquete de medidas pretende reducir la inversión
interna, sobre todo si no se trata de sectores dedicados
a la exportación, para ello se aumentan los tipos
de interés y se limita la masa monetaria crediticia dis-
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ponible, sobre todo para los pequeños y medianos productores,
se trata de desincentivar la inversión y concentrar
los recursos en los sectores de exportación, que
son los que provocan divisas. También la mejora de la
competitividad de cara al exterior es importante, para
ello se recurre a la devaluación de la moneda y a la r educción
de los incrementos salariales, así será más fácil
vender en el extranjero.
Y por último la apertura del país a los inversores extranjeros,
ofreciéndoles las mejores condiciones y garantías
para sus inversiones: liberalización de los mercados
y reducción del control de precios, libre circulación
de capitales y actitud abierta frente al capital extranjero,
eliminación de controles sobre el comercio exterior,
etc.
Estas medidas hacen recaer el coste de la deuda sobre
los sectores de la población más pobres, la supresión
de programas y servicios de orden social, la elevación
de tarifas de los servicios públicos, el aumento de
los impuestos indirectos, la disminución de los sueldos
y el despido de los empleados públicos, la desaparición
de programa de financiamiento para las pequeñas y
medianas empresas/haciendas campesinas, provoca un
rápido descenso en las c ondiciones de vida de la población,
que en muchos casos llega a la inasistencia en
áreas básicas como la educación, la sanidad, la seguridad
alimentaria, etc.
Los distintos programas para la reducción de la
deuda, los Baker y Brady de EE.UU. en la década del
80, los programas ASAF del FMI en esta década, o la
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última iniciativa del G-7, la iniciativa HIPC (para países
pobres altamente endeudados), siempre han adolecido
y fracasado por la falta de recursos y voluntad.
Denunciamos en este sentido que la última iniciativa
hecha pública en 1996 en la reunión del G-7, ni siquiera
pretende solucionar el problema, sino hacerlo
“sostenible”, que para el FMI significa que la deuda no
sea superior al 250 por ciento de las exportaciones y el
pago del servicio de la deuda no supere el 25 por ciento.
Sin duda se trata de un objetivo que contiene mejoras
respecto a la situación actual, en parte porque hace un
tratamiento integral del problema y porque la reducción
posibilitaría un camino de salida. Sin embargo
persiste en la propuesta la escasez en la dotación de
recursos para financiar los proyectos de reducción de
deuda, la apuesta por la condicionalidad y el intervencionismo
sobre las políticas nacionales, el crecimiento
sostenido como objetivo económico, se trata de una propuesta
limitada a países que posean un certificado de
buena conducta en sus relaciones con el FMI (léase
“buen historial en la aplicación de ajustes y reformas”)
y además requiere que los países estén seis años demostrando
esa buena voluntad, aparte de los que tendrán
que permanecer haciendo cola para que les llegue
el turno, falta en definitiva voluntad para afrontar la
solución del problema.
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Denuncia sobre el libre mercado y la libre
circulación de capitales
Al sistema financiero en general y a su interlocutor
oficial el Fondo Monetario Internacional (FMI), no les
ha preocupado ni les preocupa en absoluto la situación
de descalabro social a la que están llevando a la mayor
parte de la humanidad, su única obsesión es avanzar
en la construcción de un mundo en el que la democracia
haya sido asemejada al mercado, la libre competencia,
la libre circulación de capitales y mercancías, y el libre
derecho de unos a apropiarse de los recursos de vida de
otros. El macro-proyecto de ingeniería financiera llamado
globalización se está saldando con vidas humanas,
con pobreza y con precarización del empleo, está
poniendo en cuestión la propia existencia de los estados-
nación como marcos para la organización y la expresión
social, ¿en qué puede quedar la democracia
cuando las políticas sociales y económicas están dictadas
desde el exterior y no vinculadas a los programas
políticos de los candidatos?, ¿cómo afectará a las políticas
sociales de los países la reducción en la recaudación
de impuestos que supone la libre circulación del capital
y de los beneficios?, ¿cómo podrán las industrias nacionales
competir con las industrias transnacionales que
declaran beneficios en paraísos fiscales?, ¿cómo se explica
que Liberia y Panamá sean los países con las flotas
navieras más importantes del mundo?
Las nuevas reglas de juego permiten la fácil evasión
de impuestos a las grandes empresas transnacio-
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nales, la declaración de las pérdidas en los países con
elevados impuestos y de los beneficios en aquellos donde
la fiscalidad es más débil, provoca una reducción
progresiva de los impuestos pagados por estas empresas,
la oficina de contabilidad del gobierno de EE.UU.
calcula que las tres cuartas partes de las empresas e xtranjeras
implantadas en este país no pagan impuestos.
Hay voces que reclaman cada vez más una fiscalidad
global, que grave en su conjunto los beneficios obtenidos
por las empresas multinacionales, y que grave
también las inversiones extranjeras en función del respeto
a los derechos humanos, laborales y medioambientales
en los países de destino, como manera de proteger
la igualdad de oportunidad ante los mercados.
La libre circulación de capitales está convirtiendo al
mundo en un gran “casino” libre de impuestos donde
todo vale, la llamada tasa Tobin se propone como un
impuesto a aplicar a los beneficios obtenidos por las
transacciones en los mercados de cambio, generalmente
operaciones atribuibles al llamado capital especulativo,
una tasa de un 1 por ciento sobre los beneficios permitiría
una recaudación anual de 720 mil millones de d ólares,
con los que podrían financiarse innumerables
programas de desarrollo (la llamada ayuda oficial al
desarrollo aportada en todo el mundo no alcanza a los
60 mil millones).
La mayor parte del capital especulativo mundial e stá
alimentado por los llamados fondos de pensiones y
fondos de inversión que alcanzan ya la cifra de 21 billones
de dólares, cantidad próxima al valor de toda la
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producción mundial y que son básicamente el resultado
de la capacidad de ahorro de los ciudadanos de los países
desarrollados. Es cada vez más imprescindible fiscalizar
la ética utilizada por los bancos en la rentabilización
del dinero que nosotros depositamos en ellos. Y
es necesario impulsar y apoyar la creación y desarrollo
de bancas éticas, alternativas y solidarias.
Por el derecho a la emigración y contra
la exclusión social
Los lamentables acontecimientos ocurridos en el
mes de julio en Terrassa, hicieron correr la tinta por
páginas de diarios, televisiones y radios, palabras e
imágenes dieron la vuelta al mundo, la exaltación, la
ofensa y los odios más viscerales se pusieron en marcha,
proyectando la imagen cruda de un conflicto, sin
espacios para la reflexión.
En necesario que las administraciones se coordinen
y desarrollen planes de integración para los inmigrantes.
Que los ayuntamientos elaboren planes de intervención
tanto en los ámbitos urbanístico como social,
con el fin de conseguir la cohesión comunitaria y la integración
social, incidiendo en los valores de convivencia,
respeto, civismo y multiculturalidad.
Es necesaria la revisión profunda de la Ley de Extranjería,
concebida como instrumento de actuación p olicial
para la contención de la inmigración, ha de ser
reconvertida a una ley para la integración, reconocien-
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do entre otros, el pleno derecho a la atención sanitaria,
a la atención jurídica gratuita cuando se carezca de r ecursos,
a la educación, a la atención social, el derecho al
voto y a la libre circulación por el territorio español.
Condenamos la actitud del Gobierno y de sus socios de
gobierno en el proceso de trámite y negociación de esta
ley.
La inmigración casi siempre se suma a los problemas
ya existentes de pobreza y marginalidad en nuestra
sociedad, y a veces genera problemas de convivencia.
Sin duda es mucho más fácil pregonar por la integración
en los centros de las ciudades, las zonas residenciales
o los círculos intelectuales, que en los barrios
periféricos y en las zonas marginales donde predomina
la desatención social. Es por eso que la lucha por el d erecho
a la emigración, contra la pobreza, por una vivienda
digna, contra la precarización del empleo o en
defensa de la enseñanza pública, por la cooperación internacional,
son una misma cosa, la lucha contra la sociedad
dual.
La pobreza en nuestro país es una tendencia en alza,
8.5 millones de personas viven por debajo de los límites
de pobreza, situado en la mitad del salario mínimo
44.200 pesetas al mes, y 1.2 millones viven con menos
de la mitad de esa cantidad. Cuanto más pobre es
la población, más joven es, las 530 mil personas que
viven en situación de extrema pobreza, menos de 13 mil
pesetas al mes, tienen una edad media de 22 años y el
48 por ciento tiene menos de 14 años. Y esto en una si-
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tuación de crecimiento continuado del PIB, de bonanza
económica y en que "todo va bien".
Más allá de la pobreza en nuestro país, la emigración
se explica por las condiciones de vida en los países
de origen. Según Naciones Unidas, 3.000 millones de
personas —la mitad de la humanidad— viven en condiciones
de pobreza y 1.300 millones en situación de pobreza
extrema, la misma cantidad no tiene acceso a
agua potable, 2.600 millones no tienen acceso a instalaciones
sanitarias, 2.000 millones no disponen de electricidad.
La pobreza es la situación más frecuente en
cuanto a condiciones de vida, la mayor parte de la
humanidad tiene negados lo que son derechos básicos,
y la emigración se transforma en una manera de garantizar
la supervivencia de los emigrantes y sus familias.
Si bien la mayor parte de las personas que viven
en estas condiciones nunca conseguirán los recursos, ni
siquiera para acercarse a las fronteras de los países r icos.
En estas condiciones el DERECHO A LA EMIGRACIÓN
y el derecho a la LIBRE CIRCULACIÓN de
las personas son derechos inalienables.
Denuncia sobre la feminización de la pobreza
De los 1.300 millones de personas que viven en la
pobreza absoluta más del 70% son mujeres. La creciente
pobreza de la mujer se ha atribuido a su desigual situación
en el mercado laboral, la forma en que se la
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trata en el sistema de bienestar social y su condición y
falta de poder en la familia.
Según las estadísticas sólo el 37% de la mujeres del
mundo están económicamente activas, percibiendo las
¾ partes del salario medio masculino. Trabajando, en
la mayoría de las ocasiones, como mano de obra barata,
como puede ser el caso de superexplotación que sufren
las mujeres que trabajan en las “maquilas” de México y
Centroamérica. Sin embargo, si tenemos en cuenta las
actividades económicas no remuneradas (que son las
que van ligadas íntimamente al desarrollo humano,
como son la reproducción, el cuidado de los hijos y las
hijas, los ancianos y ancianas) éstas suponen el 55% del
trabajo que se hace en el mundo.
Según Naciones Unidas más de 2/3 de los 960 millones
de personas analfabetas adultas de todo el mundo
son mujeres. Se ha demostrado que en un año adicional
de escolaridad eleva el salario de una mujer en
un 20% en Paquistán, reduce las tasas de fecundidad
entre un 5 y un 10%. Los hijos-hijas de mujeres educadas
tienen además menos posibilidades de morir cuando
son lactantes y los que sobreviven son más saludables.
Según la OMS cada año mueren medio millón de
mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el
parto, el 99% de ellas pertenecen a los países en vías de
desarrollo. Para muchas mujeres la prevención de embarazos
no deseados, o la propia protección contra los
contagios es difícil y a veces imposible. Se calcula que
para el próximo año habrá casi 14 millones de mujeres
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seropositivas (el 50% de la población afectada), y
aproximadamente, 4 millones habrán muerto.
Uno de los terrenos donde se manifiesta crudamente
la privación que sufren las mujeres en relación al
desarrollo humano, es la violencia ejercida contra ellas.
La violencia contra las mujeres es la expresión más
brutal de las relaciones de poder que existen entre
hombres y mujeres, y reflejan la consideración y posición
que las mujeres tienen en una sociedad. Desde la
infancia hasta la madurez, las vidas de muchas mujeres
del Tercer Mundo están ensombrecidas por la amenaza
de la violencia que, en algunos casos, comienza
incluso entes del nacimiento. En ciertos países se utilizan
pruebas para determinar el sexo del feto; si es femenino,
puede ser objeto de aborto. En Asia se llega al
infanticidio femenino y se descuida la nutrición de las
niñas. Según la economista Amartya Sen, se calcula
que en el mundo “faltan” 100 millones de mujeres, porque
han muerto prematuramente como causa de la discriminación.
Así mismo, y según Naciones Unidas, aproximadamente
1 millón 500 mil menores, mayoritariamente niñas,
se ven obligadas a ejercer la prostitución, algunas
de ellas son incluso vendidas por sus propias familias.
No olvidamos otra forma de violencia ejercida y justificada
por razones culturales como puede ser la circuncisión
femenina que afecta entre 85 y 114 millones de
mujeres y niñas en todo el mundo.
La violencia ejercida como consecuencia de los conflictos
bélicos armados recae en numerosas ocasiones
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contra las mujeres y los niños y niñas. Son las víctimas
de desapariciones, mutilaciones, torturas y desplazamientos.
Recordemos que el 80% de los 25 millones de
personas refugiadas en todo el mundo son mujeres, niños
y niñas.
Se calcula que un tercio de los hogares del mundo
están encabezados por una mujer. En América Central
y en algunos países africanos la cifra alcanza el 50% de
los hogares debido a la participación de los hombres en
los conflictos bélicos o la emigración de éstos buscando
mejores salarios. Si tenemos en cuenta que las mujeres
no son las propietarias de la tierra, que carecen de los
conocimientos necesarios sobre tecnología, la gran dificultad
que tienen para conseguir créditos y ayudas, así
como el acceso a trabajos de baja remuneración su situación
las lleva al empobrecimiento y la marginación.
Para evitar una situación desesperada de pobreza y
búsqueda de una vida mejor, muchas mujeres emigran
a países del Norte. En el Norte su vida tampoco es fácil,
a las dificultades que origina el no conocimiento de la
lengua (problemas de comunicación en la vida cotidiana,
cuando necesita asistencia sanitaria, por cuestiones
administrativas, educativas, etc.), se añaden la dificultad
de encontrar trabajo. Cuando pueden acceder a alguno,
en muchas ocasiones, es en condiciones de explotación
y baja remuneración. En el peor de los casos
acaba ejerciendo la prostitución. Su integración en la
sociedad es mucho más difícil que la del hombre emigrante:
acceden en menor número a la enseñanza, así
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como a la formación ocupacional, para aprender el
idioma, etc.
Por último, constatar la poca presencia de las mujeres
en los órganos de decisión política, ya que sólo ocupan
de media un 10% de los escaños parlamentarios y
un 6% de los ministerios de cada país.
Denunciamos que cuando se habla de desarrollo
humano no se tenga en cuenta como indicador todo el
trabajo reproductivo y de cuidadoras que realizan las
mujeres. Es necesario incorporar un indicador que dé
cuenta de este trabajo y de su evolución dentro del indicador
de género utilizado por el PNUD.
Denunciamos la falta de análisis desde el punto de
vista de género, de la estrategia antipobreza que considera
que la subordinación de las mujeres es debida, sobre
todo, a su pobreza y no a las desigualdades de clase
y género que enfrentan las mujeres pobres.
En numerosas ocasiones los proyectos dirigidos a
mujeres se hacen teniendo en cuenta, única y exclusivamente,
su papel de madres y la de satisfacer las necesidades
familiares.
Reivindicamos y pedimos el apoyo al papel de las
mujeres en la economía, ya sea rural o urbana. El acceso
a la tierra, a créditos, a la formación , a la tecnología
y al control sobre sus rentas mejorarían las condiciones
de vida de muchas mujeres y de sus familias. Obtendrían
mayor autonomía y libertad para desarrollar sus
vidas.