KAKO2006

INTRODUCCIÓN
Saludamos la realización de este encuentro y felicitamos
a sus organizadores: el Parlamento Latinoamericano
y el Congreso de la República de Venezuela
La Universidad de los Trabajadores de América Latina
(UTAL), desde la crisis de la deuda, se ocupo sistemáticamente
de este problema. Hemos organizado
estudios, conferencias, coloquios y diversas actividades
para analizarla y cuestionarla en forma objetiva.
Como Institución de los trabajadores de América
Latina, no podíamos dejar pasar por alto, un tema tan
complejo, grave y cuyos impactos afectan a millones de
trabajadores de nuestra región.
La economía mundial durante los últimos dos siglos
ha fluctuado entre períodos de auge y recesión. Históricamente
conocemos tres etapas con el nombre de gran
depresión; es decir, a las crisis y depresiones de las
economías capitalistas. La presente recesión es una de
las mas largas y complejas ocurridas durante la onda
descendente mundial que lleva alrededor de treinta
años.
En medio de lo que en los próximos años podrían
denominar la gran depresión de finales del siglo XX, se
han padecido cuatro desniveles cíclicos generalizados:
1967-1970, 1973-1976, 1980-1983 y 1990-1996, el mas
largo de los cuatro; en la que confluyen distintos factores,
lo que empezó como una típica crisis cíclica de rentabilidad
que puso fin al pequeño auge globalizador de
algunos años de las décadas del setenta y el ochenta, se
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complicó con las secuelas del desenlace de la guerra
fría, los inicios de la reconversión capitalista de Europa
del Este, el ocaso del milagro japonés y las políticas r ecomendadas
por el Consenso de Washington para los
países periféricos.
En los siete años que llevamos de la década del 90,
se sucedieron acontecimientos de cambios internacionales
que permiten precisar el rumbo de la globalización y
el regionalismo. En el nuevo escenario económico mundial
podemos considerar entre otros aspectos: los cambios
en las relaciones de poder entre los países centrales,
la evolución del mercado internacional, el avance
de las negociaciones comerciales, el vacilante desempeño
reciente de las principales economías industriales,
etc.; El escenario social viene marcado por el aumento
del desempleo y subempleo, el deterioro del estado de
salud en el mundo, la carencia de vivienda digna, aumento
de la pobreza y marginalidad, etc.
Como podemos afirmar que existen fuerzas que originan
el auge de los ciclos económicos; también hay
fuerzas que provocan el salto atrás de grandes depresiones.
Aunque esta ultima afirmación sea discutible,
en los parámetros y evidencias que surgen de investigaciones
podemos afirmar que son verdaderas. Se comprueba
que los ajustes de la recesión la pagan en mayor
medida los países periféricos.
En una apretada síntesis, durante los últimos cincuenta
años América Latina ha sufrido un proceso de
desarrollo en condiciones extremadamente exigentes.
Se experimento un profundo cambio demográfico tripli-
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cando la población y alcanzando el número de habitantes
de Europa, al mismo tiempo que esa población ha
pasado a ser predominantemente urbana, lo que supone
un gigantesco esfuerzo en inversión y de transformación
productiva y cultural. Como exportadora de
productos primarios, ha debido superar una evolución
marcadamente negativa en la relación de los precios
del intercambio. La pobreza ha registrado variaciones
importantes, ha crecido a 220 millones de habitantes.
Regresaron las enfermedades endémicas erradicadas
en la década del 50. Persisten elevados niveles de desigualdad
y rigidez en la distribución del ingreso, incluso
en los países que han logrado altas tasas de crecimiento,
etc.
Sin analizar otros problemas críticos de América
Latina, el crecimiento indetenible de la deuda externa,
que aumenta la gran deuda social existente, bloquea
toda posibilidad de desarrollo y de lucha efectiva contra
la pobreza y la exclusión social.
CONDICIONES QUE GENERARON
LA DEUDA EXTERNA
1. Fenómeno de la Deuda
Durante las décadas del 50 y el 60, por limitación
de las exportaciones se producían déficit de los pagos
internacionales para pagar las importaciones que necesitaba
la región; es decir, se trataba de desajustes entre
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el nivel de actividad económica interna y la capacidad
de pagos externa.
Para restablecer el equilibrio de los pagos internacionales
los países latinoamericanos disminuían el nivel
de actividad económica y las importaciones. Los
acuerdos que se realizaban con el FMI eran para conseguir
un financiamiento transitorio para facilitar el
ajuste; por tanto, se comprometían a aplicar políticas
restrictivas del gasto público y a devaluar las monedas
para modificar los precios relativos en favor de la exportaciones
y frenar la inflación.
Por ser internos los problemas de pagos, las estrategias
de ajuste en gran parte tuvieron éxito en restablecer
el equilibrio, aunque a un costo social considerable.
La diferencia con la situación actual es: que los gobiernos
recuperaban la autonomía de sus políticas económicas
porque los acuerdos con el FMI implicaban compromisos
de corto plazo; por lo tanto, los países latinoamericanos
no subordinaban a plazos indefinidos sus estrategias
de desarrollo y de inserción internacional.
Durante estos decenios y durante los primeros años
de la década del 70, se observaba una expansión comercial
y el proteccionismo de los países centrales estaba
en retroceso. La política financiera de Estados Unidos
era de tasas reales de interés bajas y a menudo negativas,
lo que implicaba que el poder de compra de las e xportaciones
crecía y el crédito era accesible; en tales
condiciones los programas de ajuste tenían un marco
externo permisivo que facilitaba el pronto restablecimiento
del equilibrio.
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A partir del segundo quinquenio de la década del
70, ya no se trataba de un desequilibrio coyuntural de
pagos internacionales sino que comienza a aflorar la
deuda que empezaban a acumular los países. La deuda
externa de América Latina era de 40.000 millones de
dólares en 1973; en 1975, 68.000 millones; sin embargo,
en 1980 sobrepaso los 200.000 millones para crecer aceleradamente
en la primera mitad de la década y alcanzar
en 1990 la cifra de 440.000 millones de dólares;
aunque en los dos primeros años de la década del noventa
se desaceleró, volvió a crecer en los últimos cuatro
años y en 1996 es superior a los 650.000 millones de
dólares.
En el crecimiento de la deuda hay que distinguir
periodos distintos. En la década del 70 la región recibió
en forma continua una importante transferencia neta
de recursos, con un ingreso de capitales en el orden de
los 20.000 millones de dólares anuales, como contrapartida
tuvo el pago de utilidades e intereses que resultaron
moderadas, ya que hasta 1977 las tasas de interés
eran negativas. Las tasas de interés empezaron al volverse
positivas y precipitaron al 6 por ciento reales en
1981 y podemos afirmar el supuesto de que la trampa
se cerró.
En la década del ochenta se interrumpe prácticamente
el ingreso de capitales, a lo que debemos sumar
las utilidades e intereses excesivos, que convierte bruscamente
a la región en exportadora neta de recursos.
Desde 1982 América Latina sufre una hemorragia de
recursos, pasando a un saldo anual de aproximadamen-
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te 30.000 millones de dólares. Los intereses que representaban
del 10 por ciento de las exportaciones en 1975
y de 15 por ciento en 1980, pasaron a ser mas del 40
por ciento en 1982. Durante el resto del periodo, a pesar
del gran incremento exportador logrado en condiciones
difíciles, los intereses absorbieron el 32 por ciento
de lo que producían las exportaciones. Los intereses
pagados por los países en desarrollo no petroleros fueron
de 60.000 millones de dólares anuales.
Se consolidaron las ataduras de los prestamos internacionales
que generaron la asfixia financiera latinoamericana.
Sennem Andriamirado, en un informe de
la Internacional Africana de Fuerza para el Desarrollo
de 1978, refiriéndose a los préstamos atados expresaba:
"... no existen préstamos para los países en desarrollo
puesto que ellos se transforman en subsidios a las exportaciones
para los propios prestamistas... El hecho
real es que los préstamos al Tercer Mundo están destinados
exclusivamente a estimular las exportaciones de
los países que los brindan. Esto significa que la ayuda
al desarrollo es un buen negocio para los prestamistas,
sean ellos gobiernos o banqueros extranjeros"
Continua diciendo "Con los préstamos atados se
asegura que los mercados queden garantizados con antecedencia;
que los riesgos comerciales queden automáticamente
eliminados en virtud de la falta de competencia
y por último, que los riesgos financieros se consideren
inexistentes ya que los países de la casa matriz
son los que pagan. De esta manera dar financiamiento
a los países del Tercer Mundo significa que las naciones
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ricas no solamente pueden exportar sus mercaderías
sino también su capital humano y tecnologías aunque
estas ultimas fueran inapropiadas o ineficientes y fijarles
sus precios".
En un informe confidencial de la Organización
Mundial de la Salud, expresaba que la India continuaba
comprando vitamina C a 10 dólares el kilo, mientras
que en otras partes se conseguía a 2,40 dólares el kilo.
Como la India necesitaba ayuda urgente en este campo
se vio obligada a pagar el precio inflado. Nos preguntamos,
esto es lo que se conoce como ayuda para el d esarrollo
mediante los prestamos internacionales. En lo
que llevamos de la década del 90 continua el drenaje de
recursos, este fenómeno trágico que ha quebrado el proceso
histórico de desarrollo económico y social de América
Latina. La deuda sigue creciendo y se ha vuelto
impagable, por la acumulación de intereses y amortizaciones,
capitalizados por una penosa secuencia de renegociaciones
y privatizaciones. La perdida del dinamismo
en el crecimiento del Producto y la reducción del
producto por habitante en la década pasada, proporcionan
una medida global de esa quiebra.
No debe escapar a nuestro análisis un suceso de notoria
evidencia, es que además de los perjuicios materiales
ocasionados por el deterioro de la relación de precios
del intercambio junto al creciente costo del servicio
de la deuda, la dependencia tecnológica significa para
los países latinoamericanos otro factor desequilibrio de
mucha gravitación.
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2. Condiciones que originaron la Deuda
A mediados de la década del 70, las políticas seguidas
por los países centrales de deprimir la capacidad
exportadora de los países periféricos, por medio de políticas
proteccionistas y subsidios para los productos que
competían con América Latina, se reflejan en el deterioro
de los términos del intercambio y de los volúmenes
exportados que redujeron la capacidad de cumplir
con el servicio de la deuda.
Hacia fines de los años setenta junto con la presidencia
de Reagan, corresponde a la fuerte tendencia de
traspasar el financiamiento de los países periféricos, a
la esfera privada comercial. Cambio que significaba
desprenderse de la responsabilidad política inherente
al financiamiento al desarrollo y confiar el tema a un
mercado financiero que operaba en condiciones totalmente
anormales.
Los shocks petroleros de 1974 y 1979, canalizaron
hacia los bancos privados de los países centrales el e xcedente
de petrodólares que buscaban oportunidades de
inversión. Los bancos urgidos por sus excedentes líquidos
y por la inflación del dólar que reducía su valor, los
colocaron en el resto del mundo, omitiendo muchas veces
medir prudentemente los riesgos. Las colocaciones
las hicieron siempre a plazos cortos y sujetas a renegociación
de las tasas de interés, condiciones absolutamente
incompatibles con los requerimientos elementales
del crédito para el desarrollo: plazos largos y previsibilidad
de las obligaciones generales. Como todo el
mundo lo sabe, la banca privada internacional tiene
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una de las principales responsabilidades en la crisis
financiera de nuestros países y de la economía internacional.
existió imprudencia y una notoria irresponsabilidad
ética, en el sistema de financiamiento al Tercer
Mundo.
La convergencia de estos hechos ha colocado a los
países latinoamericanos en una situación de insolvencia
internacional; situación comparable a la que se presentó
por las reparaciones de guerra impuestas a Alemania
en el Tratado de Versalles, donde las políticas de
los vencedores impidieron generar el excedente necesario
en la balanza de pagos alemana para pagar las reparaciones;
donde el resultado fue el colapso del marco
en 1923 y las tensiones que culminarían con el ascenso
del nazismo.
Si hubo imprevisión e imprudencia muchas veces
forzada en los países receptores, la utilización de los
créditos fue muy diferente en los países de la región: un
grupo de países que la utilizaron para profundizar sus
procesos de industrialización (Brasil, Ecuador, Paraguay)
y aquellos que la dilapidaron en su mayor parte,
por aplicar una política económica liberal, de apertura
comercial y financiera, de atraso cambiario como instrumento
antiinflacionario, que llego a sustituir la producción
nacional por importaciones y para que el endeudamiento
sirviera para financiar la fuga de capitales
(afecto a Argentina, México, Venezuela)
El endeudamiento externo latinoamericano fue utilizado
en una gran parte, para el financiamiento de la
fuga de capitales. En 1986, Morgan Guaranty Trust
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estima que las fugas de capitales de 18 países en desarrollo
fue de alrededor de 200.000 millones de dólares
en el periodo 1976-1985 y que de América Latina salieron
entre 120 y 130 mil millones dólares ilegalmente en
10 años.
TRAMPA USURARIA Y LA IRREVERSIBILIDAD
DEL ENDEUDAMIENTO.
Aunque una recuperación de las tasas de interés
era esperable, la excepcional suba y el alto nivel mantenido
por los intereses durante los años ochenta no fue
un accidente fortuito. Por el contrario fue una consecuencia
prevista y deseada de la política del presidente
Reagan de mantener un déficit presupuestal elevado y
financiarlo recurriendo al mercado de capitales. Las
tasas de interés del dólar artificialmente elevadas, tuvieron
y tienen efectos en muchos campos. Entre ellos
se encuentra el haber creado una enorme succión de
recursos de los países periféricos, entre cuyas modalidades
más agudas se encuentra el drenaje institucionalizado
a través de la deuda.
En un artículo publicado en Chasqui (1988), Alfredo
Eric Calcagno plantea: "Que los intereses cobrados fueron
exorbitantes. Por ejemplo, en el caso de Argentina,
que pago intereses análogos a los demás países latinoamericanos,
si se hubiera aplicado la tasa de interés
histórica (estimando como tal la inflación de Estados
Unidos mas el 1%), y se hubiera considerado como
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amortización de capital al cobro con tasa de interés r azonable,
a principios de 1989 el total de la deuda externa
sería de 3.400 millones de dólares, en lugar de
56.800 millones"
Esta política consciente, que ha convertido la deuda
en impagable y determinado su crecimiento acumulativo,
justifica la designación del fenómeno como "la
trampa usuraria". Según la revista inglesa South, la
deuda externa del Tercer Mundo ya ha sido pagada, por
lo que "ningún usurero en la historia ha logrado hacer
mejor negocio que la deuda". Esta situación se ha producido
"porque los acreedores nunca quisieron establecer
una tasa de interés fija y los países deudores estuvieron
expuestos a todos los caprichos de las fluctuaciones
de divisas y las tasas de interés flotantes de los
países prestamistas"
Para la Central Latinoamericana de Trabajadores
(CLAT) la "ilicitud de las tasas de interés demuestra
con total claridad que la deuda externa ya fue pagada y
de ninguna manera puede continuarse presionando y
condicionando nuestro desarrollo con una deuda externa
que mas que un problema económico, es el nuevo
nombre de la dependencia y la sumisión, que incrementa
la deuda social que históricamente se le debe a los
trabajadores y sectores mas desposeídos de nuestra r egión
Latinoamericana."
La CLAT, "apoya el proyecto elaborado por el Dr.
Miguel Ángel Espeche, aprobado por el XV Congreso
del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional,
asumido internacionalmente por la CLAT
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y la Confederación Mundial del Trabajo (CMT), relacionado
con la ilicitud de las tasas de interés de la
Deuda Externa impuesta a nuestros países, como usura
y una clara agresión económica y política.
Asimismo "lamenta que la OIT no haya acompañado
hasta ahora la iniciativa de la CMT y de la CLAT
para introducir ante la Corte Internacional de Justicia
el proyecto de "ilicitud en la fijación de los intereses de
la deuda externa" ya que esto demostraría que ha sido
pagada y con creces, mientras que la crisis económica
ya toco fondo y en cambio la deuda social sigue en aumento.
LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
EN LA GENERACIÓN DE LA CRISIS
DEL ENDEUDAMIENTO
Existen tres tipos de entidades acreedoras. La mayor
parte de la deuda latinoamericana 67% corresponde
a acreedores privados, en general bancos de los países
centrales. Una segunda parte 19% corresponde a los
organismos financieros multinacionales: Fondo Monetario,
Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo.
Estos organismos, aunque han otorgado créditos
a plazos más adecuados y tasas más razonables, han
visto también influidas esas tasas por el nivel artificialmente
elevado en los mercados financieros. Finalmente,
la parte menor de la deuda 14% tiene por
acreedores a los gobiernos de los países centrales y a
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las Instituciones oficiales de crédito que de ellos dependen,
y están enmarcados en acuerdos bilaterales.
Las responsabilidades políticas respecto a la crisis
de la deuda, se distribuyen entre acreedores y deudores,
aunque no del mismo modo ni en el mismo grado.
A los países centrales en conjunto les corresponde
la responsabilidad de haber desplazado el financiamiento
a los países periféricos, del campo de una relación
económica encuadrada en un sentido de solidaridad
y de responsabilidad política y ética, al campo de
un mercado financiero privado, política y moralmente
irresponsable. Los períodos de dificultades económicas
que varios países centrales pasaron en esos años, explica
parcialmente pero no justifica lo ocurrido.
Al gobierno republicano de los EE.UU. le corresponde
una responsabilidad mucho mayor, tanto por la
política de mantener las tasas de interés artificialmente
sobreelevadas con obvio conocimiento de sus efectos;
como por el rol decisivo jugado en la transferencia del
problema al sector privado.
La responsabilidad que le corresponde al FMI, me
permito explicarla a través del artículo que el Dr. Peter
Koeppinger escribió en Soziale Ordnung en 1985, que
afirma: "El Fondo Monetario Internacional (FMI) como
negociador del cartel de los acreedores frente a los países
deudores, tiene que modificar su enfoque. El desarrollo
es una cuestión de tiempo y dinero. Presenta
graves lagunas la estrategia que el FMI ha aplicado
hasta ahora con el fin de mantener o restablecer lo mas
rápidamente posible la capacidad de pago de los países
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deudores mediante un recetario siempre idéntico: devaluación
del signo monetario, aumento de las exportaciones,
reducción de las importaciones, contracción del
gasto publico, aumento de los precios de los alimentos y
de los servicios públicos. Tales medidas producen convulsiones
sociales: los gobiernos se ven obligados a quitarles
el pan a los mas pobres entre los pobres para
amortizar deudas de las que éstos no se beneficiaron en
absoluto; causan en muchos casos, graves daños a las
estructuras de producción de los países y conducen a
una sangría financiera precisamente en aquellos países
que necesitan urgentemente inyecciones de capitales"
A los países deudores de América Latina les corresponde
la responsabilidad, tanto en el ámbito privado
como en el público, de haberse endeudado imprudentemente,
y, en muchos casos, de haber invertido o gastado
mal los recursos recibidos. En particular les cabe,
a los gobiernos de estos países, la responsabilidad de
haber aplicado políticas económicas que persiguieron
expansiones financieras efímeras e indujeron al sector
privado a un uso irracional de los recursos. En algunos
casos, también les cabe haber efectuado gastos insensatos,
por ejemplo en armamentos.
En cuanto a los bancos privados y a los particulares
de los países latinoamericanos, les corresponde la responsabilidad
de haber entrado en el juego del endeudamiento
irresponsable y de haber optado con indudable
racionalidad económica liberal por sacar sus capitales
al exterior, atraídos por intereses que jamás podían
asegurar las inversiones productivas, contribuyendo a
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la quiebra financiera en la cual sus empresas, sus Instituciones
y sus propios países, cayeron envueltos.
Una responsabilidad compartida, la del ajuste de la
economía que avanzó por dos caminos: el de generar
mas divisas para pagar y la redistribución del ingreso
interno para que se acomode a dicha transferencia de
riqueza. La deuda externa se transformó (en este punto)
en un problema económico interno, que exige resolver
la forma que adquieren los mecanismos de redistribución.
Se observaron dos mecanismos de redistribución: el
sector público y la inflación, instrumentos que sirvieron
para hacer pagar el ajuste los sectores económicos sociales
mas débiles e indefensos, para que cargaran con
los costos del pago al exterior.
En la mayoría de los países latinoamericanos la
deuda se fue estatizando, el sector público se hizo cargo
por diferentes caminos, de los compromisos del sector
privado. La estatización de la deuda reclamada por los
acreedores como una garantía mas para sus operaciones,
convirtió al pago de los intereses en un gasto publico
que se financió a través de impuestos. Este proceso
permitió encarar la distribución de los costos del p ago
del servicio de la deuda de la misma manera que los
demás gastos del sector público; situación que incorporó
una carga adicional sobre el gasto que hizo casi imposible
el equilibrio entre los ingresos y egresos públicos.
En consecuencia creció el gasto y el déficit fiscal que se
financio con emisión de moneda, que es uno de los elementos
impulsores de la inflación, que actúo como se-
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gundo camino de redistribución del ingreso necesaria
para atender el costo del servicio de la deuda.
La inflación modifica los precios relativos internos,
transfiriendo ingresos de unos sectores a otros y en d efinitiva,
liberando una parte de la riqueza que se transfirió
al exterior. Por eso, la inflación se aceleró en los
países latinoamericanos durante la década del 80, en
coincidencia con el comienzo del pago de los intereses
de la deuda. Además de la inflación impulsada por el
déficit publico es necesario mencionar a otra mas de
tipo estructural, cuando la transferencia de bienes al
exterior se hace sin contrapartida alguna, genera un
desequilibrio en los mercados locales de bienes que tiene
efectos sobre los precios.
Respecto a la responsabilidad de los pueblos latinoamericanos,
sería injusto no agregar una reflexión
más. Una parte importante de América Latina soportaba
en esa época dictaduras de la "Seguridad Nacional",
que fueron alentadas y apoyadas por los Estados Unidos
como parte de la "Guerra Fría", que marginaban a
sus propios pueblos de toda posibilidad de influir en las
decisiones. Estas dictaduras aplicaron, políticas diseñadas
por tecnócratas de nuevo estilo, derivadas de
modelos "neoliberales" difundidos también desde los
Estados Unidos. En éstos casos es insensato culpar a
los países porque estaban maniatados. También es insensato
culpar de la deuda a los errores y vicios tradicionalmente
asociados a la historia latinoamericana
(intervencionismo incompetente, populismos), que no
habían llegado a bloquear los largos decenios de creci-
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miento exitoso; que eran públicamente repudiados en la
mayor parte de los países, durante el período en que se
generó la deuda.
Aun después de una guerra mundial devastadora,
primó el criterio sensato de apoyar la reconstrucción de
los países "agresores", sobre e l criterio formalista y e strecho
que hubiera preferido agobiarlos y exprimirlos
por las culpas de sus anteriores gobiernos totalitarios y
eso permitió cimentar la paz.
Importa señalar que, si bien como ha dicho un prestigioso
funcionario internacional la c risis de la deuda es
tendencialmente más profunda en los países que aplicaron
políticas de tipo neoliberal, el fenómeno abarcó a
aquellos caracterizados por las más variadas condiciones
y orientaciones políticas. Aunque en países importadores
netos de petróleo, el encarecimiento del combustible
jugó un papel muy importante en la generación
del endeudamiento, el fenómeno abarcó igualmente
a países autoabastecidos y aún a fuertes exportadores
de petróleo. Por encima de las particularidades del
proceso de endeudamiento en cada país, se impone la
evidencia de una distorsión perversa en el funcionamiento
del sistema internacional; que América Latina
no podía controlar y del cual fue una de las mayores
víctimas.
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LOS EFECTOS DE LA DEUDA
1. Los efectos Económicos de la deuda
1.1. Impotencia del esfuerzo exportador
La Deuda Externa de América Latina era equivalente
en la década del 80 a la mitad de su producto
anual, a tres veces el monto de sus exportaciones y el
servicio de la deuda externa absorbía el 38% de lo producido
de las exportaciones. A fines de 1995, la deuda
externa representa el 38,6 del PBI, el porcentaje de las
exportaciones es de 255,6, representa el 42,5 del presupuesto
y el servicio de la deuda en 1993 representaba el
30 % de las exportaciones.
La respuesta de la región a la carga creciente de la
deuda, incluyó un considerable incremento de las exportaciones
que no ha sido suficientemente comprendido,
ni en su magnitud ni en su frustración. El volumen
de bienes exportados aumentó más de 60% en el decenio.
Sin embargo, la baja de sus precios en un mercado
mundial adulterado por el proteccionismo, los subsidios
y el dumping, confiscó más de la mitad de ese aumento.
En consecuencia, las exportaciones sólo crecieron el
24% entre 1980 y 1989. Durante ese periodo, los precios
de las importaciones se mantuvieron constantes y debido
a la escasez de recursos, su volumen decreció un 9 %
estrangulando cada vez más las posibilidades de crecimiento.
El gran esfuerzo exportador resultó impotente, para
sacudir el peso de la deuda.
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1.2. Caída de la Inversión
El fuerte descenso de la inversión es otro de los
efectos económicos del endeudamiento, que contribuye
a cerrar el círculo vicioso de la regresión bloqueando
toda salida. En décadas precedentes, la expansión de la
capacidad productiva había sido posible por las tasas
de inversión, publica y privada, comparativamente elevadas.
Sin embargo, la inversión situada entre el 22% y
el 25% del Producto para el conjunto de América Latina
cayó a 16,5% en 1988; obviamente, el nivel fue diverso
según los países. Había sido muy alto en aquellos de
intenso desarrollo con poblaciones fuertemente expansivas;
y considerablemente inferior en países relativamente
estacionarios, como Argentina o Uruguay. En los
años ochenta el descenso fue tan general, que el nivel
de inversión quedó, en países muy dinámicos, por debajo
de lo indispensable para hacer frente al crecimiento
poblacional; y en países estacionarios, fluctuando incluso
por debajo de la tasa de reposición. Con esos niveles
de inversión, la regresión no deja escape.
1.3. Agudización de los desequilibrios
macroeconómicos y la inflación
No puede sorprender, en consecuencia, que los desequilibrios
macroeconómicos se hayan visto agudizados
en la región y que ellos, a su vez, obstaculicen la implementación
de políticas para atenuar o superar la
crisis y sus efectos.
Por una parte, como consecuencia inmediata de la
recesión y de las políticas de ajuste, la desocupación
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urbana aumentó en promedio un 50% en la región, se
duplicó en varios países y en algunos superó ampliamente
esa cifra. Pasado cierto tiempo, la desocupación
abierta fue volviendo a sus niveles históricos, y el efecto
de la crisis sobre el mercado de trabajo tomó formas
menos visibles y más insidiosas.
En décadas anteriores había crecido el empleo en el
sector moderno de la economía, en puestos de trabajo
cada vez más calificados, mientras la mano de obra no
calificada de la agricultura disminuía proporcionalmente.
Ocurrida la crisis del endeudamiento, el número
de puestos de trabajo en el sector moderno dejó de aumentar
o se redujo, y creció en cambio el empleo en c ategorías
residuales, especialmente en el sector informal
urbano. Paralelamente, los salarios cayeron y los ingresos
laborales redujeron su participación en el ingreso
total.
Por otra parte, las presiones inflacionarias y en general
los desequilibrios macroeconómicos se volvieron
más incontrolables. Mientras en 1981 el aumento medio
de los precios en la región había sido 58%, en 1988
llegó 758%, en 1989 a 1.161% y en 1990, 1.191%, par
descender a partir de 1991, con picos que llegaron en
1992 a 420%, 1993 a 890% y 1994 a 340% llegando a
dos dígitos en los últimos años. Varios países de la región
conocieron procesos hiperinflacionarios totalmente
descontrolados, que superaron ampliamente esas cifras
y sólo dos de los más pequeños pudieron mantenerse
por debajo de los dos dígitos. En esas condiciones, casi
todos debieron aplicar severos y reiterados programas
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de ajuste dictados por los organismos acreedores con
resultados generalmente modestos o francamente frustrantes,
en cuanto al objetivo de estabilizar la moneda.
Tales políticas de ajuste tuvieron costos muy altos en
términos de crecimiento económico y de desarrollo social.
Sin duda la incompetencia y aún la corrupción, han
tenido en todas las épocas, un lugar en el gobierno. Sin
embargo, sólo la soberbia podría pretender explicar por
ese tipo de causa, semejante inversión de tendencias en
la evolución de todo un continente.
2. Los Efectos sociales de la Deuda
2.1. Efectos a través del gasto social
La recesión, la contracción de los ingresos salariales
dentro del ingreso total; la caída a veces dramática del
poder adquisitivo del salario; la deformación del mercado
de trabajo caracterizada por el fuerte crecimiento
del sector informal urbano y el desempleo; la reducción
del gasto social público en sectores claves como consecuencia
de la creciente absorción de los recursos por el
servicio de la deuda; o simplemente, de la compresión
causada por la reducción del ingreso per cápita y las
políticas de ajuste; son causas del fuerte impacto sobre
el desarrollo social.
Los procesos de ajuste incluyeron substanciales r ecortes
del gasto público en la región. Si bien el gasto
público en salud se mantuvo, en promedio, en 1,8% del
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Producto, resultó afectado por la reducción del producto
por habitante, y en varios países experimentó "caídas
vertiginosas". En cuanto al gasto en educación, situado
en el 3,4% del Producto en el decenio de los setenta,
descendió acumulativamente a un ritmo promedio del
2,4% anual entre 1980 y 1988. Durante 1990-1995 se
expandió el gasto publico en el promedio de la región
como porcentaje del PIB, en 8 países donde se registraron
caídas, existió un incremento de la prioridad asignada
a lo social en el gasto fiscal. A los sectores de la
educación y la seguridad social es atribuible la mayor
parte del aumento del gasto publico social.
Las condiciones sociales no se han deteriorado uniformemente
en todos los aspectos. Algunas conquistas
en materia de salud, como el descenso de la mortalidad
infantil, sólo han mostrado estancamientos francos o
retrocesos transitorios, en algunos países o en los años
del impacto más agudo. Del mismo modo, la cantidad
de matriculados en las escuelas de los distintos niveles,
continuó aumentando con muy pocas excepciones, a p esar
del gasto decreciente. Una parte de las conquistas
sociales, derivan de progresos en la tecnología asistencial,
de políticas más eficientes o de cambios culturales
profundos, que la crisis económica no ha interrumpido.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con aquellos aspectos
ligados, por ejemplo, al ingreso de las familias o
a los niveles de inversión pública en el campo social:
alimentación, vivienda, inversiones educativas o de salud,
agua potable, alcantarillado, medio ambiente.
24
Existe seria preocupación sobre los efectos a largo
plazo de la reducción en las inversiones sociales. Al
contraerse el gasto público, lo que se sacrifica en mayor
proporción es la inversión, más fácil de postergar que
los salarios y los gastos corrientes. El efecto inmediato
es menos visible, pero su efecto acumulado en muchos
años es igualmente grave y muy difícil de revertir.
Existen evidencias de deterioros notorios en la calidad
de la enseñanza, por efectos combinados de la insuficiencia
de edificios o equipamiento escolar, por la pérdida
de personal calificado debido a la reducción de los
salarios. Algo parecido ocurre en materia hospitalaria y
de salud. En cuanto a las inversiones en agua potable y
alcantarillado, han sido tan insuficientes que las metas
previamente establecidas para el decenio, se han vuelto
totalmente inalcanzables.
3. El incremento de la pobreza y la segmentación
social
3.1. Efectos políticos de la deuda
Un primer efecto político del endeudamiento, ha sido
erosionar el prestigio de los gobiernos democráticos
en América Latina. Después de la generalización de las
dictaduras militares en la década de los setenta, el fracaso
de éstas en el ámbito económico y social, el retiro
del respaldo recibido por ellas desde los Estados Unidos;
el creciente reclamo de los trabajadores y de las
poblaciones por recuperar sus libertades, condujeron en
25
los años ochenta a una extensión casi universal de los
regímenes democráticos. Se planteo en esa época que
las nuevas democracias emergentes requerirían apoyo
político y económico para consolidarse.
Ha ocurrido todo lo contrario: el endeudamiento por
una parte y el cierre de los mercados por el proteccionismo
de los países ricos, han generado costos sociales
que han desgastado a los partidos en el gobierno, lanzado
a las mayorías detrás del espejismo del caudillismo
personal efímero, y empujado a los sistemas políticos
hacia una peligrosa inestabilidad frente a la cual
todavía se alza todavía un fuerte resentimiento antimilitar,
que puede sin embargo debilitarse con el tiempo.
Pero el efecto más negativo, más cargado de consecuencias
y difícil de reparar, es el que afecta a la distribución
del ingreso y la pobreza. Los hechos económicos
descritos sea por efecto directo de la crisis de la deuda y
del drenaje de recursos, sea por efecto de las políticas
de ajuste adoptadas para neutralizar los desequilibrios
macroeconómicos, provocaron un cambio decisivo hacia
la concentración del ingreso, el aumento de la pobreza y
el agravamiento de la segmentación social, en un continente
donde la profundidad de las desigualdades era ya
uno de los mayores obstáculos al desarrollo equitativo y
a la convivencia democrática.
Durante los años setenta, la población pobre en
América Latina se había reducido porcentualmente del
47% al 40%, aumentando sin embargo en números absolutos
de 130 a 144 millones. Entre 1980 y 1986, en
poco más de la mitad de ese tiempo, el porcentaje volvió
26
a ascender al 43% y el número absoluto, de 144 a 175
millones, para pasar en 1996 a 210 millones de habitantes.
Ese aumento de la cantidad de pobres, significa
un retroceso que duplica todo el avance obtenido en
diez años anteriores de fuerte crecimiento económico.
Todas las investigaciones modernas prueban que, al
reducirse la natalidad en los estratos medios y altos,
una proporción creciente de los niños de la región se
crían en condiciones de pobreza. También prueban,
más allá de toda posibilidad de duda, que la crianza en
condiciones de pobreza acumula retrasos medibles en el
crecimiento físico y en el desarrollo sicomotor, multiplica
el fracaso escolar y limita las condiciones de inserción
en el mercado de trabajo. La consecuencia es el d eterioro
de la calidad de la vida humana, y una acentuación
de la segmentación de la economía y de la sociedad
en dos partes: una que trata de seguir los avances de
los países desarrollados y otra parte, creciente, que r esulta
también crecientemente marginada.
El balance de los cambios distributivos entre mediados
de la década pasada y 1996, muestra aumentos
de desigualdad de ingresos en la mayoría de los países
de la región. En este resultado ha incidido la capacidad
del 10% más rico para acrecentar su participación, en
tanto que la del 40% de hogares más pobres se ha mantenido
o deteriorado.
La participación en la distribución del ingreso para
el 20 % de los hogares más pobres de latinoamericanos
es de 3,6%, mientras que el 20% de los más ricos se lle-
27
va el 57, 4%, para 1994. En África es de 5,1% y 51,1
respectivamente para la misma fecha.
UNA EVALUACIÓN POLÍTICA DE LA CRISIS
DE LA DEUDA
Lo dicho permite comprender por qué, para la opinión
pública menos informada de América Latina, la
crisis de la deuda es una tragedia incomprensible,
exasperante y desmoralizadora, que la sume en el pesimismo
y en la impotencia. Para la parte más informada
de esa opinión pública, es una carga impuesta
por los países ricos, moral y políticamente viciada de
ilegitimidad, que soporta sólo por la fuerza de los
hechos, acorralada entre la incapacidad racional de p agar
y el temor a una guerra económica desigual con los
países centrales.
La ilegitimidad de una fracción considerable de la
deuda, deriva, por una parte, de que no se asumió la
distribución real de las responsabilidades en las decisiones
que la generaron, y por otra parte, de la imposición
de obligaciones desproporcionadas a los países
deudores.
Las causas de las consideraciones ilegitimas, pueden
ser resumidas en:
La Imprudencia en cuanto a la magnitud de los
préstamos, y en cuanto a los riesgos de que las oscilaciones
"naturales" de las tasas elevaran los intereses
hasta volverlas impagables, fue, como mínimo, una im-
28
prudencia compartida entre acreedores y deudores. No
obstante, cuando los deudores particulares de los bancos
extranjeros privados no pudieron pagar, en muchos
casos se coaccionó a los gobiernos aprovechando su d ebilidad
financiera para que absorbieran esas pérdidas
privadas, convirtiéndolas en deuda de los países. En
todo caso, las deudas fueron renegociadas en condiciones
cada vez más duras y la capitalización de los interés
y las amortizaciones impagas fue imputada exclusivamente
a los países deudores.
La suba exagerada de los intereses, no puede ser
explicada como oscilaciones "naturales" del mercado.
Por el contrario, fue decisión política de un gobierno de
la parte acreedora.
Una vez conformada la crisis, en la primera mitad
de los ochenta, cuando era evidente que el problema
requería una solución política, la solución fue postergada
y se continuó presionando hasta generar daños inadmisibles
e inconducentes. El bloqueo causado al desarrollo
latinoamericano y la institucionalización de un
sistema estable y autoalimentado de drenaje de recursos,
bastan para definir la injusticia de la política practicada.
La decisión aberrante de canalizar el financiamiento
al desarrollo, hacía mecanismos bancarios privados
con plazos cortos y tasas de interés desconocidas y manipulables
a largo plazo, es imputable a los gobiernos
de los países centrales. Hasta el fin de la década del 80
estos no empezaron a asumir algo de su responsabilidad
por el error cometido.
29
La consecuencia final de este proceso ha sido que,
después de la desarticulación de los restos del antiguo
sistema colonial de que América Latina se librara mayoritariamente
en el siglo XIX, el mundo ha visto instaurar
un nuevo sistema de dependencia y succión de
recursos a expensas de la región, que podemos llamar
"la servidumbre de la deuda". No se trata de una crisis
o un desequilibrio circunstancial y transitorio de los
que hemos conocido muchos y diversos sino de un sistema,
es decir de un mecanismo estable y autoalimentado.
Tal sistema, que bloquea el desarrollo de un continente
y de otros países del Tercer Mundo, son inadmisibles.
La actual situación tanto para los países que
formalmente pagan, a expensas de su propia autonomía
de decisión y de su propio crecimiento, refinanciando
con nuevos y crecientes endeudamientos; como
para los países que no pagan y ven crecer juntas las
presiones y las cifras en rojo es insostenible y no va a
durar.
Actualmente la tendencia se orienta a la consolidación
de nuevos bloques. Si la servidumbre no desaparece,
alguna forma de guerra económica parece inevitable.
La deuda no compromete sólo un desarrollo equitativo
del mundo, a cierto plazo es una amenaza a la paz.
30
SOLUCIONES OFRECIDAS PARA
LA SUPERACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO
a) Soluciones ofrecidas en el marco del Plan
Brady
Casi ocho años después de generada la crisis, en
marzo de 1989, la aparición del Plan Brady proporciona
la primera evidencia de que los acreedores comienzan a
apreciar la magnitud de esa crisis, el hecho de que los
involucrados en ella son todos los actores del proceso:
países deudores y acreedores, gobiernos, Instituciones
financieras multinacionales, bancos privados, que en
algún grado existe una responsabilidad compartida, y
que, para salir de ella, todos deberán asumir costos y
contribuir a las soluciones. Este es el gran mérito del
plan; por eso marca una nueva etapa, cualesquiera
sean sus limitaciones e insuficiencias.
Las líneas mayores de esta política son: reducción,
por varios procedimientos, del monto y los intereses de
las deudas de los gobiernos con la banca privada, combinadas
con reestructuración de la misma a plazos más
largos y, en algunos casos, con períodos de gracia. Acceso
limitado a fondos frescos, especialmente para recomprar
una parte de la deuda en el mercado secundario.
Para lo cual, los países deudores deberán llevar a cabo
políticas de ajuste.
31
b) Ofrecimientos del presidente Bush
Al Plan Brady se sumaron algunos ofrecimientos
contenidos en la llamada "Propuesta Bush". El primero
se refiere a la posibilidad de condonar hasta 12.000 millones
de dólares las deudas de los países latinoamericanos
con organismos oficiales del gobierno de los Estados
Unidos. Eso representaba una reducción del 20%
sobre ese tipo de deuda. Como para el conjunto de la
región las deudas de ese tipo son sólo el 14%, aunque la
proporción es más significativa para algunos pequeños
países, la reducción en cuestión representa menos de
un 3% de la deuda total. Tratándose del gobierno con
una responsabilidad más directa en la generación de la
crisis, no se puede decir que el ofrecimiento sea muy
generoso ni tenga un gran valor ejemplar.
La propuesta incluye además la creación de un fondo
"de ayuda" de 300 millones de dólares, para asistir a
las situaciones más críticas. Estados Unidos aportaría
100 millones y trataría de obtener que otros pongan los
200 restantes. Los comentarios sobran.
Tales ofrecimientos vienen envueltos, en la propuesta
Bush, en condicionamientos sorprendentemente
ambiciosos de apertura de mercados una zona de libre
comercio de toda América, es decir, los países latinoamericanos
con una sola de las grandes potencias y con
todas las recetas de privatización y conversión de deudas
por inversiones.
No obstante hay que reconocer que la propuesta
contiene dos cambios positivos. El primero, el reconocimiento
práctico del principio de condonación parcial
32
de la deuda con los gobiernos. El segundo, más importante
aún, por primera vez Estados Unidos acepta que
los países latinoamericanos se integren entre ellos; y
acepta negociar con bloques de países, en lugar de insistir
en dividirlos y tratar separadamente con cada
uno.
La propuesta de condonación de la deuda de Major
cuando era ministro de Hacienda en el gobierno de la
Sra. M. Thatcher, fue aceptada parcialmente y el Club
de París propuso reducciones de deudas, que en América
Latina se hizo efectiva con un descuento del 60% de
la deuda que mantenía Bolivia con el Club.
c) Insuficiencia económica de esas condiciones
Aunque, por primera vez se dio un importante paso
adelante en cuanto a ubicar los términos del problema;
y aunque, también por primera vez, algunos países han
recibido alivios significativos, es necesario afirmar que,
lamentablemente, todo eso resulta todavía insuficiente.
En primer lugar, si el caso México pudiera ser tomado
como representativo supuesto puramente conjetural,
una reducción de la deuda bancaria del 35% rebajaría
en 100.000 millones el endeudamiento de la r egión.
Después de haber transferido a los países acreedores
unos 250.000 millones de dólares a lo largo del
decenio, América Latina se encontraría cargada con
cerca del 80% de su deuda. En otras palabras, seguiría
atascada en la crisis.
En segundo lugar, las negociaciones son excesivamente
lentas y complejas, tropiezan con resistencias en
33
muchos ámbitos de Estados Unidos y particularmente
en Europa y Japón, mientras el costo en términos de
desarrollo social y económico sigue agrandándose.
Y en tercer lugar, los condicionamientos asociados a
la renegociación, significan otros tipos de entregas que
también comprometen el futuro.
LA CUESTIÓN DE LOS CONDICIONAMIENTOS
a) Condicionamientos respecto a las políticas
de ajuste
Una de las consecuencias de la deuda ha sido que
ha minimizado la posibilidad de los países deudores de
definir sus propias políticas. Aunque la responsabilidad
en cuanto a los errores cometidos recaiga sobre ambas
partes, los acreedores han acentuado la soberbia de sus
consejos públicos y el tutelaje concreto sobre las políticas
internas de los deudores; sin que, desde luego, nadie
estableciera el menor control sobre las que ellos
practican.
La exigencia, prácticamente universal, ha sido aplicar
políticas de ajuste para asegurar los reembolsos. El
contenido de estas políticas más allá de la espontaneidad
formal de las "cartas de Intención" ha sido dictado
y controlado minuciosamente en su ejecución por el
Fondo Monetario Internacional, como expresión de las
condiciones de los acreedores, tanto Gubernamentales
como privados. No se trata aquí de cuestionar la nece-
34
sidad, de practicar políticas responsables en materia
fiscal y monetaria, especialmente en condiciones críticas.
Pero, sí es imperioso dejar constancia de que las
modalidades concretas de las políticas impuestas y en
particular sus efectos sobre el desarrollo a largo plazo;
sus consecuencias recesivas y la magnitud de sus costos
sociales han sido debatidos en los organismos internacionales,
por los trabajadores, en ámbitos académicos y
políticos.
No pretendemos entrar en este debate, técnicamente
complejo y que deja mucho margen a lo opinable.
Agreguemos, sin embargo, que esa imposición de políticas
desde afuera haciendo abstracción de toda dolorosa
consideración sobre democracia o soberanía, hace muy
dudoso su éxito, al no tener en cuenta los "paquetes e stándar"
de medidas, las condiciones nacionales y disocian
objetivos limitados para asegurar el repago, de
los objetivos muchos más complejos de impulsar un d esarrollo
económico y social. Es posible agregar todavía
que el soporte experimental y teórico de tales políticas
es muchas veces sorprendentemente débil, al extrapolar
a contextos sociales distintos y a desequilibrios macroeconómicos
incomparablemente mayores, teorías y
políticas experimentadas en los países industrializados.
En todo caso, en la realidad tales dudas son zanjadas
imponiendo el criterio de los acreedores.
Un factor negativo fundamental es la carencia, en
el campo internacional, de un marco político de decisión
y de arbitraje que asuma la responsabilidad global política
y por tanto moral sobre las condiciones en que ocu-
35
rre el desigual forcejeo entre deudores y acreedores.
Las Naciones Unidas son demasiados débiles; los organismos
multilaterales están dominados por los acreedores;
y no es relevante todavía la negociación bloque a
bloque que podía resultar más equilibrada puesto que
los acreedores organizados consiguen, por el momento,
mantener negociaciones separadas con cada país.
Instituciones como el FMI consideran la conducta
de los deudores y les impone condiciones: ni siquiera
figura en su temario el considerar las políticas de los
acreedores, y si las examinaran, no tendrían medios ni
potestades para imponerles condicionamientos. A esto
habría que agregar que, estando sus votaciones dominadas
por los gobiernos de los países acreedores, serían
a la vez juez y parte. Semejante deformidad es capital
para entender cómo se pudo llegar a la insostenible situación
actual.
b) Modos de apropiación del patrimonio
Un segundo grupo de reflexiones se refiere a los
"consejos", que no son más que recomendaciones y condicionamientos
que desbordan ampliamente el ámbito
de las políticas de ajuste. En los últimos años, las "recomendaciones"
han pasado, a insistir sobre la necesidad
de "reducir la dimensión del estado" y "privatizar"
servicios y empresas públicas. Ya no se trata de condicionar
sólo políticas transitorias, sino de modificar las
características estructurales de los países deudores.
Aunque parezca asombroso, tales por condiciones han
sido introducidas en las negociaciones, tanto por Insti-
36
tuciones multilaterales, como por los bancos privados o
por representantes de gobiernos. Esto ha estado ocurriendo
en las negociaciones del Plan Brady y el Presidente
Bush lo ha incorporado, no sólo a su propuesta,
sino a la oratoria oficial de su gira por América Latina.
La primera observación al respecto, se refiere al
principio de autodeterminación. Si bien formalmente
son condiciones "de aceptación libre" para recibir "beneficios"
no exigibles, lo ya dicho sobre el estado de necesidad
de los países deudores y sobre la responsabilidad
conjunta por el endeudamiento, muestra la ficción de
semejante formalismo.
La segunda es que las tesis sobre la reducción del
Estado y la privatización, forman parte de corrientes de
pensamiento el Neoliberalismo. En todo caso, esas doctrinas
tienen poco que ver con las realidades de los
propios países desarrollados que los aconsejan. Cuando
se trata de imponer la reducción del Estado a un país
como el Uruguay, en el cual un 23% del Producto pasa
por manos del Estado, debería recordarse que todos los
países acreedores son incomparablemente más estatistas,
desde Japón y Estados Unidos 29% y 30% en 1988
hasta la Inglaterra de la Sra. Thatcher que aumentó en
sus años de gobierno "antiestatista", de 35% en 1980 a
38% en 1988. Debería recordarse también que, antes de
imitarlos, tenemos todo el derecho de estudiar cuidadosamente
los resultados de sus experiencias desestatizadoras,
si algún día se les ocurre ponerlas en práctica.
No hay razones para servir de cobayos en experimentos
derivados de modas intelectuales, probablemente pasa-
37
jeras, formuladas para sociedades muchos más complejas,
tanto en su desarrollo estatal como en sus sistemas
privados.
La tercera observación se refiere a que varios de
esos condicionamientos llevan, a sustituir la transferencia
de intereses y amortizaciones (que ya se reconoce
imposible de mantener y aún de incrementar) por la
transferencia de patrimonios; es decir, a pasar servicios
y empresas públicas, muchas veces monopólicas, a
transnacionales con demasiado poder para ser efectivamente
controladas por gobiernos débiles. Por otra
parte, a transferir a los bancos acreedores, reservas
(por ejemplo, oro) que tradicionalmente han operado
como respaldo de la moneda nacional. Cualquiera comprende
como ello debilita aún más a gobiernos y países
acosados por múltiples desequilibrios. Semejantes intentos
de utilizar la crisis para extender el dominio sobre
los países deudores y apropiarse de sus limitadas
riquezas, ensombrecen las negociaciones. Si mucha
gente en el mundo ha tomado conciencia de la naturaleza
del problema y de sus dimensiones éticas y política,
existen dudas fundadas de que esa conciencia se
haya extendido a los bancos, las empresas y muchos
gobiernos, dirigentes de los trabajadores y políticos de
los países acreedores. Tal situación ha sido denunciada
por el Presidente de Venezuela, Dr. Rafael Caldera,
como "la compra de un continente" (El Universal, 30-
05-90)
La última observación se refiere a la anormal estructura
de las relaciones internacionales que derivan
38
de esa red de condicionamientos. Con ellos se profundiza
la "servidumbre de la deuda", situación que, con el
paso del tiempo se agrava y se vuelve más inestablemente
tolerada. Además de señalar las objeciones de
principios, se debe recordar que no habrá paz real sin
un sistema de relaciones recíprocas más respetuoso y
equitativo.